Caso Brugal

Absueltos todos los acusados de la trama de las basuras de Orihuela que dio origen al ‘caso Brugal’

La Audiencia de Alicante anula las grabaciones y pinchazos telefónicos y libera de cargos a los 34 implicados, entre ellos dos exalcaldes y el empresario Ángel Fenoll

El industrial Ángel Fenoll, acusado de ser el supuesto cabecilla de la trama Brugal, en una foto de 2019.
El industrial Ángel Fenoll, acusado de ser el supuesto cabecilla de la trama Brugal, en una foto de 2019.David Rodríguez

Los 34 acusados en la trama de las basuras de Orihuela (Alicante), entre los que se encontraban dos de los exalcaldes y siete exconcejales del municipio alicantino, han sido absueltos hoy por la Audiencia de Alicante. También ha quedado libre de cargos el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, quien se enfrentaba a la petición de la Fiscalía de 37 años y ocho meses de cárcel por el presunto amaño de la contrata de la gestión de residuos en el consistorio oriolano.

El fallo se está comunicando personalmente a cada uno de los acusados en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El País, las pruebas principales aportadas por la Fiscalía, audios y vídeos grabados por Fenoll, no son válidas, ya que “no se efectuaron con el consentimiento de los intervinientes, sino de forma subrepticia”.

De hecho, continúa el dictamen del tribunal, ni siquiera se ha podido demostrar su “autenticidad e integridad”. Para ello, la jurisprudencia exige “la entrega del aparato de grabación utilizado con el soporte de los datos original, no manipulado, lo que no ha acontecido en el supuesto que nos ocupa. Ni se ha entregado el equipo de grabación ni el soporte original de los datos que permita descartar la manipulación de los archivos”.

La presidenta y los dos magistrados de la Audiencia de Alicante subrayan que ni las pruebas ni la documentación aportadas por Fenoll están legitimadas ni ofrecen garantías. Por lo tanto, declaran ilícitas “las intervenciones telefónicas y de las pruebas documentales, testificales, y de otra índole que directa o indirectamente se derivaron de las mismas”, ya que con ellas, se ha “infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones” y también “a un proceso con todas las garantías”.

Fueron precisamente estas pruebas las que detonaron una investigación que comenzó en 2006. El propio Fenoll fue quien grabó y entregó a la Justicia una conversación que evidenciaba los manejos ilícitos en torno a la adjudicación de la recogida de basuras. Poco a poco, la investigación fue desarrollándose en torno de una compleja trama manejada por el industrial oriolano, en la que se vieron envueltos los alcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del Partido Popular (PP). Hasta 15 de los enjuiciados en este caso han ocupado cargos como autoridad o funcionarios públicos en el ayuntamiento de Orihuela.

Sin las escuchas, pinchazos ni grabaciones de vídeo, la Fiscalía se queda sin argumentos. Lo cual, según el fallo del tribunal, “deriva en la inexistencia de prueba de cargo enervadora del derecho fundamental a la presunción de inocencia de todos los acusados”. Y, por tanto, solo cabe dictar “un pronunciamiento absolutorio”.

Catorce años después de que Fenoll activara el caso, y tras un juicio que se prolongó durante diez meses, entre febrero y diciembre de 2019, todo aquel que se ha sentado en el banquillo ha salido libre de los cargos de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones que se repartían entre los 34 investigados. Junto a Fenoll, las principales peticiones de penas recaían sobre Medina, 12 años de prisión, y Lorente, ocho años.

Las pesquisas iniciadas a partir de este asunto, además, fueron creciendo y destaparon una veintena de piezas separadas en lo que se conoció como la trama Brugal, una red de presuntas irregularidades que afectaban a diferentes instituciones públicas de la provincia de Alicante gobernadas en su momento por el PP, como la adjudicación del plan zonal de la comarca de la Vega Baja, en la que está implicado el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, o el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En esta última causa, cuyo juicio está previsto que comience a finales de mes, están implicados dos exalcaldes alicantinos, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz, quien ya ha firmado un pacto con la Fiscalía en el que admite los hechos que se le imputan.

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