Los carteros piden normas “claras” para evitar presiones en el voto a domicilio el 12-J

La recogida de votos a domicilio no es del todo nueva en España. La han realizado siempre ciertos carteros rurales de contados enclaves alejados de oficinas de Correos. Pero, por primera vez, la Junta Electoral ofrecerá la opción de este tipo de sufragio a todos los electores en los comicios gallegos y vascos del 12 de julio. Los trabajadores de la empresa pública, secundados por algunos partidos, exigen seguridad no solo sanitaria sino también “jurídica” para blindarse frente a presiones o impugnaciones: “No queremos que ningún cartero acabe en los juzgados”, dicen.

A principios de la década de los noventa, un cartero rural llamó a la puerta de una casa en un Ayuntamiento de la provincia de A Coruña para recoger el voto de una anciana con problemas de movilidad. Le abrió quien había sido alcalde del municipio en la dictadura y parte de la democracia. Fue él el encargado de conducir al funcionario a la habitación de la electora, que yacía “enroscadita” en una cama. “Me negué. Aquella mujer no era consciente de lo que hacía ni de lo que votaba”, cuenta casi 30 años después aquel empleado de Correos, que pudo resistirse a las presiones sin consecuencias porque no era vecino de la localidad.

La “recogida al paso” —es decir, durante el reparto— de las solicitudes de voto por correo y de las papeletas ha funcionado hasta ahora en contadas áreas rurales alejadas de las oficinas de Correos. Ahora que se extenderá por primera vez a todos los electores que lo deseen debido a la pandemia, los carteros reclaman un refuerzo de personal para afrontar la sobrecarga de trabajo que traerán los comicios, garantías de seguridad sanitaria y jurídica e “instrucciones claras” para esquivar “presiones políticas”.

“Las instrucciones tienen que ser claras desde arriba hasta abajo y deben garantizar tanto la seguridad sanitaria como la jurídica. Un voto puede quitar o poner un gobierno y no queremos que ningún cartero acabe en los juzgados”, explica José Antonio Pensado, coordinador en Galicia del sector postal de CC OO, sindicato mayoritario en la empresa.

Representantes de los trabajadores y de la dirección de Correos se reunieron este jueves en Madrid para empezar a diseñar la nueva modalidad de sufragio a distancia que se inaugurará el 12-J. Los electores podrán pedir el voto por correo a través de Internet, siempre que cuenten con firma electrónica, y entregar la papeleta al cartero cuando acuda a su casa para darles la documentación. Los sindicatos reclaman mascarillas, guantes y pantallas protectoras para todos los carteros y exigen que en ningún caso tengan que entrar en los domicilios, geriátricos u hospitales a los que acudan a buscar votos. “Iría contra su seguridad”, advierte Miguel Ángel Fraga (CCOO).

"Somos el segundo colectivo profesional después de los sanitarios con más infectados”, subraya Manuel Santiago (UGT), quien denuncia que los empleados de Correos trabajaron sin ninguna protección y no fueron incluidos como personal esencial hasta pasados 15 días del estado de alarma. Tras años combatiendo la privatización del servicio, Santiago celebra que la Junta Electoral “refuerce el carácter público de Correos” otorgando a los carteros la condición de fedatarios del voto, pero reclama medidas “para que el proceso sea garantista”.

“Las presiones políticas [a los carteros rurales que recogen votos en la casas] se dan y por eso necesitamos instrucciones claras y precisas, para que no haya vacíos de los que se puede valer alguien para amenazar”, reclama John Vivanco, del sindicato CIG. Fuentes oficiales de Correos eluden avanzar qué garantías ofrecerá la empresa porque la normativa “aún se está elaborando”.

La Xunta, por su parte, ha pedido este jueves a la Junta Electoral más facilidades todavía para el voto por correo. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), que opta a su cuarta mayoría absoluta, demanda que se habiliten otros sistemas además de la firma electrónica para pedir este tipo de sufragio; un protocolo electoral para los centros de mayores similar al de las cárceles; y que los electores puedan designar un apoderado por videoconferencia. El BNG ha asegurado que Correos no tiene suficiente personal para que el proceso tenga “garantías democráticas”: “Puede terminar siendo un fraude electoral a través de una extensión inaudita del voto por correo”.