La Delegación del Gobierno en Castilla y León prohíbe las manifestaciones de Vox por riesgo sanitario

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha prohibido las concentraciones que el partido ultraderechista Vox había convocado para el próximo sábado, 23 de mayo, en las nueve capitales de provincia. La decisión se escuda en el “riesgo para la salud pública” que ha percibido la consejería de Sanidad de la Junta y que hizo llegar a través de varios informes a las subdelegaciones de cada provincia. Estas fueron las encargadas de notificarles la resolución a los convocantes de las manifestaciones.

La mayor parte, especialmente de los núcleos urbanos, de las poblaciones de Castilla y León siguen bajo el modelo de fase 0 de desescalada. Solo la Comunidad de Madrid y ciertas regiones de Cataluña, como el área metropolitana de Barcelona, siguen también en España bajo las medidas más estrictas a causa de sus indicadores sanitarios y de incidencia del coronavirus.

Emilio Álvarez Villazán, subdelegado del Gobierno en Valladolid, ha explicado que tras recibir los informes de la consejería de Sanidad "se han prohibido las manifestaciones al entender que suponen un evidente riesgo para la salud pública”. Álvarez ha añadido: “Si estamos pidiendo enormes sacrificios a toda la población para preservar la salud, todo el mundo entenderá que no podamos permitir actos que supongan el menor riesgo para la misma”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno regional, una coalición entre el PP y Ciudadanos que preside Alfonso Fernández Mañueco, de las filas populares: “El PP de Castilla y León, a través de su consejería de Sanidad, está colaborando en la censura que impone el gobierno social comunista para acallar las protestas ¿Qué riesgo de propagación puede existir en una caravana de coches ?”. La formación ultra ha llamado a sus afines a hacer caceroladas en sus balcones cada día a las nueve de la noche y les ha emplazado a realizar marchas motorizadas por las ciudades.

Un informe del servicio territorial de Sanidad en la Junta de Castilla y León en Burgos ha señalado que “la manifestación puede suponer un riesgo sobre la integridad física tanto de los participantes como de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad al existir una acumulación de personas”. De este modo, prosigue el escrito, “en tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales y con independencia de las medidas propuestas en la comunicación, la celebración de la manifestación podría suponer un peligro para la salud pública al ser una posible fuente de propagación del virus”.

El documento detalla que el derecho de reunión se integra entre los derechos fundamentales que reconoce el artículo 21 de la Constitución y que desarrolla la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, pero que el artículo 10 de esta brinda a la autoridad gubernativa la capacidad para limitar o prohibir las manifestaciones. La condición responde a "la existencia de razones fundadas que puedan producir alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes”.

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