Calvo negocia con los grupos una prórroga del estado de alarma de un mes para terminar la desescalada
La vicepresidenta ha llamado a todos los portavoces menos el de Vox para pedir el apoyo
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, está haciendo una ronda con todos los portavoces parlamentarios, incluido el PP, pero dejando fuera a Vox, para tratar de negociar con ellos una nueva prórroga del decreto de alarma más larga, ya no de dos semanas sino de un mes, para tener margen para terminar la desescalada, que debería estar concluida a finales de junio, según las previsiones del Ejecutivo. La actual prórroga concluye el 24 de mayo, con lo que la siguiente podría estirarse hasta el 24 de junio, fecha prevista del final de la desescalada.
Esta posibilidad, adelantada por El Confidencial, ha estado encima de la mesa del Ejecutivo muchas veces, incluso en la primera prórroga, pero el presidente, Pedro Sánchez, la había descartado hasta ahora para buscar un refrendo parlamentario más garantista cada dos semanas. De hecho el presidente había presumido varias veces de haber renunciado a la posibilidad de hacer prórrogas más largas. El Gobierno ha cambiado de opinión de forma radical presionado por las dificultades que implica someter a votación cada dos semanas este asunto.
El PP ha confirmado que Calvo habló ayer con Pablo Casado, su líder, y este le planteó “la desescalada jurídica, alternativa al estado de alarma, que hoy ha presentado a la opinión pública”. Esto es, los socialistas no podrán contar con el respaldo de los populares para esta prórroga ampliada, como tampoco lo tuvieron para la última de dos semanas. Ciudadanos ha señalado que Sánchez no ha comentado con Inés Arrimadas la posibilidad de alargar la prórroga a un mes en su conversación de esta tarde. “No aseguramos ningún apoyo a iniciativas del Gobierno si cada una de ellas no va precedida de diálogo y negociación”, asegura este grupo, que fue fundamental en el apoyo de la última prórroga ante la abstención del PP.
El Gobierno está convencido de que tiene margen legal para ampliar el estado de alarma más allá de dos semanas. El artículo 116 de la Constitución no fija plazo para las prórrogas. “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”, señala ese artículo. La ley que lo desarrolla, de 1981, permite esas prórrogas largas, según el Ejecutivo, y de hecho ya hay un antecedente de una de un mes en 2010, con la crisis de los controladores. El artículo 6.2 de esa ley de 1981 señala: “En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”. Esto es, todo el peso recae sobre el Congreso, que es quien puede decidir el alcance y las condiciones.
Pero lo que tiene que conseguir ahora el Gobierno no es tanto el margen legal, sino el político, esto es, que sus aliados del PNV y de varios grupos pequeños y de Ciudadanos, si es que ERC sigue en el no, le acepten esta fórmula extendida. Sería una manera de evitar una votación cada dos semanas que con el PP ya prácticamente instalado en el no supone un problema político recurrente. Algunos portavoces contactados por el Gobierno y consultados por EL PAÍS señalan que Calvo no está siendo tan explícita en la duración que se elegirá finalmente pero sí les ha explicado que necesitan la prórroga durante toda la desescalada porque es la fórmula más garantista. Otros portavoces sí señalan que les ha hablado de una prórroga de un mes y también de la posibilidad de reformar la Ley Orgánica de Sanidad para permitir al Gobierno tomar decisiones en caso de algún rebrote en una zona sin necesidad de volver a declarar el estado de alarma. Era lo que reclamaba el PP como alternativa, pero el Gobierno alegaba que reformar esa norma lleva un tiempo y ahora lo urgente es prorrogar el estado de alarma para hacer la desescalada. Una vez concluida sí se puede pensar en fórmulas más suaves, argumenta el Ejecutivo.
El PNV ya insistió en que no le gustaba la fórmula de prorrogar la alarma, pero el Gobierno confía en convencerles para ir más allá de dos semanas y así evitar esta negociación agónica y constante. A cambio, el Ejecutivo ofrece un decreto de prórroga diferente a los anteriores, más atenuado en los poderes que confiere al Ejecutivo y donde queden muy claros los mecanismos de cogobernanza que ya fueron negociados con los nacionalistas para la anterior prórroga. Las autonomías tendrían en el futuro así más margen para tomar sus propias decisiones, al contrario de lo que está sucediendo ahora, ya que el Ejecutivo ha rechazado la propuesta de pasar a la fase 1 de tres autonomías -Madrid de forma completa y Comunidad Valencia y Andalucía de forma parcial- algo que ha generado malestar y polémica en estas comunidades.
De hecho el Ejecutivo ha cambiado radicalmente su estrategia y ha empezado la negociación con tiempo, ya que Calvo arrancó la ronda el lunes. El cambio es evidente. Los portavoces consultados, incluso de grupos pequeños, señalan que desde que el Gobierno vio en riesgo la aprobación del decreto, hace dos semanas, se han multiplicado las llamadas del Ejecutivo y no ya con las decisiones tomadas, como antes, sino con la propuesta y la posibilidad de debatir la fórmula. El Ejecutivo aún no ha trasladado documentación de cómo sería la propuesta jurídica de la nueva prórroga más suavizada y con más poder para las autonomías. El Gobierno la está ultimando y la dará a conocer a los grupos en los próximos días. Tiene tiempo hasta el martes, cuando el Consejo de Ministros aprobará el decreto, que se votará el miércoles.
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