La vieja normalidad valenciana

En trance de superar el léxico medieval al que nos habíamos acostumbrado y asumido con naturalidad -confinamiento, cuarentena…- irrumpen en escena los neologismos que deberán ayudarnos a digerir una realidad cuyo alcance, comprensión y aceptación están por evaluar.

Repetida los últimos días hasta el empacho, la expresión “nueva normalidad” -pedazo de oxímoron- ha escalado puestos en el hit parade de la terminología pandémica, tras ser acuñada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando compareció para anunciar la buena nueva del “desconfinamiento asimétrico”.

De asimetrías sabemos mucho en la Comunidad Valenciana. Estamos doctorados con nota en la materia porque las venimos sufriendo -para mal- desde hace lustros, como consecuencia de la acción/inacción de ejecutivos centrales y autonómicos de todo signo y color político. Qué bueno sería gozar de las mismas asimetrías que saborean desde el arranque de la democracia los ciudadanos vascos y navarros.

Me ahorro y les ahorro la retahíla de ultrajes, y los resumo en un solo dato: la Comunidad Valenciana recibió en 2019 del Estado una financiación per cápita de 2.111 euros, 343 menos que la media española, situada en 2.454 euros, y a una distancia de casi mil euros por ciudadano respecto de las regiones que más recogen. La financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación dependen de esos ingresos.

La pandemia que nos asola ha exigido un esfuerzo sociosanitario notable que, obviamente, estaban en superiores condiciones de afrontar aquellas autonomías mejor financiadas. Otra historia es si los responsables políticos de cada territorio han priorizado el gasto en el capitulo sociosanitario o han dedicado los esfuerzos económicos a otras aventuras.

La Comunidad Valenciana está saliendo airosa del brete epidémico, en tanto se ha evitado el colapso hospitalario y se mantiene contenida la curva de contagios -10.436- y muertes - 1.264-. No restamos importancia a ninguna de estas dos cifras, ambas trágicas porque amparan miles de dramas familiares, a los que se suma el infortunio de quienes han visto afectadas sus economías domésticas y observan el futuro con incertidumbre y miedo. Y no olvidamos el desconcierto en las residencias de la tercera edad, los fallecimientos allí registrados y la desolación de los familiares por no poder acompañar a sus parientes en sus postreros momentos.

Anunció Pedro Sánchez la pasada semana la creación de un fondo autonómico, dotado con 16.000 millones de euros no reembolsables, para auxiliar a las comunidades autónomas que han visto crecer sus gastos y disminuir sus ingresos a cuenta de la Covid-19. Sonaba muy bien la letra entonada por el presidente del Consell y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, al defender como criterio prioritario de reparto el poblacional. Su postura contó con la complicidad del resto de fuerzas políticas valencianas y el apoyo unánime de los agentes sociales. Era un criterio sensato y prudente que, por no variar, el gobierno central desestimó. De momento, 10.000 de esos 16.000 millones de euros beneficiarán a Madrid y Cataluña, las dos autonomías donde el virus ha causado mayores estragos, sí, pero también los dos territorios que, sin sufrir infrafinanciación, menos dinero han venido dedicando a sus sistemas sanitarios. Curiosa esta política de gratificar a quien no se ha hecho acreedor de tal distinción.

La narrativa de medios oficiales valencianos trata de restar importancia al asunto; es la misma vieja narrativa que contemporiza desde hace años con las actuaciones lesivas de cíclicos ejecutivos centrales, para las que siempre hay una disculpa, un “sí, pero”, o el anuncio de una promesa cuya satisfacción nunca llega. Esta vez esa narrativa oficial presenta una grieta destacada: Compromís, socio preferencial del PSPV-PSOE en el Gobierno del Botánico, ha calificado de “nefasto” el criterio de reparto. Para saber si la grieta avanzará hasta convertirse en socavón o no, quedamos a la espera.

El profesor de Harvard, reconocido ensayista y teórico del “soft power” o “poder blando”, Joseph S. Nye, defiende que el poder inteligente resulta de combinar el poder duro con el blando, y que la prudencia es una virtud moral excelsa. Por aquí andamos hastiados de tanto poder blando y tanta prudencia. También de esa vieja normalidad valenciana que nos sitúa siempre a la cola. Restan pendientes de reparto otros 6.000 millones de euros para cubrir los costes sociales de la pandemia y la caída de ingresos por los tributos que gestiona cada autonomía. Pendientes estaremos de analizar qué criterios rigen su distribución. En materia de costes sociales, por desgracia, la Comunidad Valenciana no va a la cola, con una economía altamente dependiente de un sector, el turístico, que ha visto esfumarse las previsiones de dos temporadas fuertes como son la Semana Santa y el verano. En materia de destrucción de empleo no solo no somos los últimos de la lista, sino que la encabezamos con 32.100 puestos de trabajo perdidos.

Solo contábamos con el alivio de creer que cumplíamos con todos los parámetros hospitalarios e indicadores epidemiológicos para ir superando con solvencia las fases de desconfinamiento diseñadas por el mando único que lidera Pedro Sánchez. Hasta que el viernes por la tarde nos dimos de bruces con la realidad, pese a la propaganda oficial previa, de que solo diez de las veinticuatro áreas de salud valencianas cumplían con los requisitos exigidos para pasar a la Fase 1. Otro varapalo político para Ximo Puig. La reunión telemática que la ejecutiva federal del PSOE tiene previsto celebrar mañana, lunes, apunta maneras de marejada.