Sánchez se reserva el estado de alarma y recalca la coordinación con las comunidades

El presidente rechaza que haya discrepancias con los Ejecutivos autonómicos ante el coronavirus

Personal sanitario en una terraza, ante la sospecha de un posible caso de coronavirus en una calle en Madrid. En vídeo, Pedro Sánchez anuncia su plan de choque contra la crisis. (Foto: víctor Saínz | Vídeo: EPV)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó este jueves que existan “discrepancias” con las comunidades autónomas en la lucha contra la pandemia de coronavirus, que afectaba a más de 3.000 personas en España, incluidos miembros del Gobierno y parlamentarios, y que ha costado la vida al menos a 84. Sánchez recalcó la “extraordinaria cooperación” de todas las Administraciones y dejó claro que las medidas que se adopten se harán de forma conjunta con los Gobiernos autonómicos.

No obstante, el jefe del Ejecutivo se reservó la aplicación de cualquier medida que se considere oportuna para atajar la peor situación de salud pública de la historia moderna en España. Ello incluye el cierre de la Comunidad de Madrid, la más afectada por la enfermedad Covid-19, que no descartó tras ser preguntado expresamente por ello en la atípica rueda de prensa, sin presencia física de periodistas, que ofreció este jueves. El Gobierno se reserva declarar el estado constitucional de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria, un escenario dinámico y que cambia no ya día a día, sino en cuestión de horas.

El estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, permitiría al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en toda España o en una parte del territorio en varios supuestos, entre los que se encuentran las “epidemias y situaciones de contaminación graves”. Este estado, previsto para cuando las circunstancias hagan imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios, faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales, de todas las Administraciones e imponerles “servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza”.

La declaración del estado de alarma, a diferencia de los estados de excepción y sitio, no afecta, en principio, a la vigencia de los derechos fundamentales —como la libertad de expresión o de prensa, o la libertad de manifestación—. Sin embargo, sí permite al Gobierno “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados”.

También faculta al Ejecutivo a “practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias”, “intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados”, “limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad” o “impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados”.

El presidente del Gobierno no mencionó expresamente el estado de alarma en su rueda de prensa, tras ser preguntado por ello por los periodistas, aunque repitió la frase que ya lanzó el martes e inspirada por la que pronunció en julio de 2012, en plena crisis económica el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El Gobierno “tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta”, insistió Sánchez.

El estado de alarma, que tiene una duración máxima de 15 días y que solo puede prorrogarse con autorización del Congreso, se ha aplicado hasta ahora una sola vez en la reciente historia democrática. Fue en diciembre de 2010 cuando el Consejo de Ministros militarizó las torres de control aéreo tras el abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores civiles, que realizaron una huelga encubierta con bajas médicas masivas.

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