Junta Andalucía

El Gobierno andaluz elimina por decreto 100 trámites burocráticos “de la mano del sector privado”

El texto, que afecta a casi todos los departamentos de la Junta, levanta restricciones ambientales, urbanísticas y laborales

Los consejeros de la Junta de Andalucía, este lunes, en la presentación del decreto para eliminar trámites burocráticos.
Los consejeros de la Junta de Andalucía, este lunes, en la presentación del decreto para eliminar trámites burocráticos.Eduardo Briones - Europa Press / Europa Press

No es ningún secreto que al Gobierno andaluz de coalición de PP y Ciudadanos la elaboración de leyes nunca ha estado entre sus prioridades. “No venimos para hacer más leyes, sino para derogarlas”, han dicho más de una vez los miembros del Ejecutivo autónomo. En el Consejo de Gobierno celebrado este lunes se ha aprobado un decreto ley que modifica o deroga parcialmente 21 textos legislativos y seis decretos. En total, representa la eliminación o simplificación de 100 trámites burocráticos. La propuesta se ha hecho “de la mano del sector privado”, según admitió el consejero de Hacienda, Juan Bravo, acompañado de otros cinco miembros del Ejecutivo.

La maraña administrativa de la Junta ha sido siempre una de las quejas más frecuentes de la patronal andaluza, que acusa a la Administración regional de “voracidad legislativa”. Desde casi el primer día en que tomó posesión, los diferentes departamentos han ido chequeando los tiempos de espera de los proyectos empresariales desde que se presentan hasta que ven la luz. Y el resultado de este estudio coordinado por la Consejería de Economía, que dirige Rogelio Velasco, ha sido el decreto ley aprobado hoy y que el Gobierno no tramitará como proyecto de ley cuando llegue al Parlamento. Lo convalidará con el apoyo casi seguro de la ultraderecha de Vox, su aliado parlamentario.

El texto simplifica los trámites administrativos en prácticamente todas las áreas de la Junta. Afecta al turismo, al patrimonio histórico, al comercio, la salud, la industria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía o los servicios sociales. También al sector audiovisual. Donde antes eran los Ayuntamientos los que gestionaban la radio o la televisión municipal ahora podrá hacerlo un tercero.

Por ejemplo, se deroga la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico. Esta normativa contempla la excepcionalidad de que puedan incluir promociones residenciales, pero con unos requisitos medioambientales muy estrictos. Desde 2008, se han presentado 44 solicitudes, ninguna de ellas ha visto la luz.

El decreto ley permitirá a los comercios de más de 300 metros cuadrados a ampliar el número de festivos en los que pueden abrir. Se hará de manera paulatina hasta el 2022 y hasta un total de 16 domingos en un sector que emplea a 520.000 personas y supone el 16,5% del mercado laboral andaluz. La declaración responsable sustituirá a la licencia de obras municipal en el caso de obras menores o en edificaciones que no suponga el incremento en la edificabilidad. La misma vía se aplicará en el caso de la apertura de locales, comercios o servicios. Serán los ayuntamientos los que después de abiertos verifiquen la instalación.

De las 21 leyes que se van a modificar, ocho afectan a regulaciones medioambientales. La consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, aseguró que “se ha abandonado todo lo sobreprotegido”, pero que se cumplirá la normativa estatal vigente. Los trámites para la elaboración de los planes generales de ordenación urbana también se reducen para acortar en seis años su aprobación. En Andalucía los planes urbanísticos tardan una media de ocho años en ser aprobados.

Según datos de la Consejería de Economía, de las 262 regiones europeas Andalucía ocupa el puesto 220 en competitividad a causa, entre otras razones, de la “ineficiencia” de su normativa. Velasco aseguró que la eliminación de barreras, tasas y trámites puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años. Comisiones Obreras se quejó de la falta de información previa sobre el decreto que, en su opinión, supone “un fuerte atentado contra la transparencia pública y la seguridad jurídica”.

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