El Constitucional renueva su compromiso europeo

El Tribunal Constitucional no teme que la sombra de la justicia europea sea alargada y se proyecte sobre asuntos de especial trascendencia para España, como el proceso independentista catalán o la inmigración. Así se desprende de las conversaciones públicas que el alto tribunal está celebrando en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación para celebrar el 40º aniversario de su funcionamiento. En ellas está quedando claro que el Constitucional acepta sin reservas el marco existente. No hay planteamientos ni tentaciones de Brexit jurídico. España y sus instituciones no van a optar por el aislamiento. Al contrario.

Los magistrados del Constitucional viajan con frecuencia para contactos con otros tribunales de su especie, y también a Estrasburgo y Luxemburgo, sedes del Tribunal de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respectivamente. Y tienen asumido que unas veces se gana y otras se pierde. En algunos casos ambas cosas a la vez, como con el reciente fallo europeo sobre las expulsiones en caliente. Con esta resolución, España ha logrado el aval para el caso de dos inmigrantes devueltos en frontera, pero en términos que han criticado todas las ONG y organizaciones de derechos humanos conocidas.

En sus exposiciones los magistrados han analizado la evolución de su labor desde que en julio de 1980 el Tribunal Constitucional inició su andadura bajo la presidencia de Manuel García Pelayo. La imagen que queda es la de una pieza clave del sistema que ha resultado a la vez cauce y límite de derechos, y que ahora afronta el reto de incardinarse en un marco jurídico más amplio, el de la Unión Europea, con la doble referencia de los tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo, cuyas resoluciones son vinculantes para España.

El Gobierno sigue con atención las evoluciones del Constitucional, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asistió en primera fila —no sólo protocolaria— a la “conversación” inaugural, que daba el presidente del tribunal, Juan José González Rivas. A su lado, Manuel Pizarro, presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación.

La de González Rivas fue una exposición genérica en la que subrayó el doble compromiso de la institución con las ideas de “Estado plural” y a la vez “unidad indivisible” de España. Esos principios están en la base de muchos autos y sentencias del Constitucional, no sólo en materia territorial, construidas, según González Rivas, para proteger y “delimitar”, más que limitar, los derechos y funciones de personas e instituciones. No son referencias elegidas al azar, porque el tribunal se prepara ahora para resolver los recursos de los condenados por el Supremo por el delito de sedición en el juicio del procés. Estas impugnaciones no se han presentado aún, pero llegarán más pronto que tarde.

El reto de Estrasburgo

Al Constitucional le quita indudablemente presión el hecho de que los presos del procés hayan comenzado a salir con permisos penitenciarios. Su sentencia, en la que tendrá que analizar la posible vulneración de derechos fundamentales de los líderes independentistas, cuenta con una larga lista de resoluciones previas sobre recursos de amparo de los condenados que han marcado el terreno.

En líneas generales, el Constitucional ha avalado la tarea previa del Supremo, que mantuvo a los procesados en una larga prisión provisional y sin posibilidad de acceso al ejercicio de cargos públicos, a pesar de que eran entonces presos preventivos amparados por la presunción de inocencia. Esta circunstancia ha determinado que en las últimas sentencias se haya consolidado un bloque disidente de tres magistrados —Fernando Valdés Dal-Re, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol— partidario de conceder amparo a los presos y anular las resoluciones por las que el Supremo les impidió ejercer como diputados o como candidatos a presidir la Generalitat durante la instrucción de la causa luego juzgada en el Supremo.

El encargado de coordinar estas sentencias ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, para quien “necesariamente” el Constitucional tenía que admitir a trámite esos recursos, porque eran consecuencia del “intento de derogación de la propia Constitución en una parte relevante del territorio español”. De ahí que revistiesen “manifiesta trascendencia constitucional”.

Todos esos recursos han sido rechazados. El siguiente reto será el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que las defensas acudirán con la pretensión y la esperanza de que tumbe las condenas impuestas, o al menos las corrija en buena medida. Todo ello en un escenario de probables reformas legales sobre los delitos de rebelión y sedición que volverán a dar munición para las tensiones y los desencuentros con la oposición. No en balde, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, estuvo también en primera fila de las conversaciones organizadas en el Constitucional para no perderse ripio de lo que se cuece en la institución.

Ahora le queda al Constitucional el reto de dictar su sentencia sobre éste y otros aspectos de la ley de Seguridad Ciudadana. Va a ser un buen test sobre el concepto dominante en el tribunal de garantías en torno al dilema libertad-seguridad.