La vivienda, un derecho humano más que fundamental
Este Día Mundial del Hábitat 2020, celebrado en plena pandemia, insiste, ante la evidencia actual, en la necesidad de tener un hogar digno como base del bienestar, la salud y la seguridad de las personas y del mundo
La emergencia sanitaria provocada por la covid-19 está agravando un problema global de alojamiento. La vivienda inclusiva, asequible y adecuada es la clave para la transformación sostenible de nuestras ciudades y comunidades. Sin una casa adecuada, no es posible seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de distanciamiento social y buenas prácticas de higiene, y alrededor de 1.800 millones de personas, más del 20% de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada. Mil millones de ellas residen en asentamientos informales y más de 100, no tienen hogar. Para 2030, el número de residentes en viviendas inadecuadas podría aumentar a 3.000 millones.
Los ciudadanos y ciudadanas más afectados en esta pandemia son las que habitan en barrios marginales y asentamientos informales. Además del estresante entorno de confinamiento en viviendas pequeñas y hacinadas, la interrupción de las redes de protección y la disminución del acceso a los servicios aumentan el riesgo de violencia para mujeres y niños. La prevalencia del estrés y las condiciones de vida insalubres también contribuyen a la mala salud de todos.
Durante toda la pandemia, muchos gobiernos, a todos los niveles, han puesto en marcha mecanismos para proteger a los más vulnerables, incluidas medidas para abordar la falta de vivienda y los desalojos, así como la prestación de servicios sanitarios básicos. Sin embargo, hay que pensar más a largo plazo y repensar las actuales políticas de vivienda, ya que son éstas las que influirán significativamente en el éxito o el fracaso de las áreas urbanas en el futuro.
Las ciudades deben integrar a los vulnerables, pobres y excluidos en el desarrollo urbano general.
La covid-19 ha puesto de relieve la paradoja de la vivienda: en un momento en que las personas necesitan refugio con urgencia, millones de apartamentos y casas están vacías. La mejora de los barrios marginales brindan la vía para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación de la Nueva Agenda Urbana en las ciudades y pueblos. Los núcleos urbanos deben integrar a los vulnerables, pobres y excluidos en el desarrollo general.
En esta pandemia todos y todas jugamos un papel clave y la recuperación pasa por trabajar conjuntamente y encontrar soluciones para mejorar la vida y el bienestar de las personas, en especial de los más vulnerables. Y no dejar a nadie atrás.
Los gobiernos deben reformar las políticas, estrategias y legislación para encontrar soluciones de vivienda para todos y respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en las ciudades. Deben poner a las personas en el centro de la toma de decisiones, asegurando la equidad y el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Las organizaciones no gubernamentales deben ayudar a empoderar a las comunidades y garantizar que los gobiernos implementen una agenda inclusiva para los más vulnerables.
Las asociaciones publico-privadas son clave para impulsar el desarrollo inclusivo y brindar acceso a la financiación para el sector de la construcción, así como invertir en viviendas adecuadas y accesibles. El sector privado, además, tiene la capacidad de presentar e incluir innovaciones ecológicas, inclusivas, asequibles y escalables, y respaldar e invertir para hacer realidad los compromisos, visiones y estrategias de los gobiernos. Asimismo, los grupos de investigación y académicos deben proporcionar datos e innovación para identificar cuales son los retos y oportunidades que las ciudades generan.
El Día Mundial del Hábitat 2020 promueve la mejora de la vivienda y los barrios marginales como parte central de las funciones de las ciudades para satisfacer las necesidades de los residentes. La pandemia ha demostrado que las ciudades y los gobiernos locales de todo el mundo pueden avanzar hacia la reducción de las desigualdades y los niveles de pobreza y proporcionar acceso a una vivienda adecuada para todos, como catalizador para lograr otros derechos fundamentales.
Carmen Sánchez-Miranda es responsable de la Oficina de ONU Habitat en España.
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