Pactos reconstituyentes

La necesidad de renovar los sistemas democráticos ha cobrado fuerza en los últimos años en todo el mundo. Expertos como Nathan Gardels y Nicolas Berggruen apelan a la idea de renovación como el punto de equilibrio entre creación y destrucción, de forma que lo que es válido se mantenga y lo que no funciona se descarte. No se trata de partir de cero, sino de reforzar aquello que funciona reconstruyendo lo que falla. Y añaden más: en un contexto de “disrupciones perpetuas”, la renovación deberá ser una constante. Algo parecido a lo que hoy se llama “acuerdo de reconstrucción” lleva una década sobrevolando la política española. Hubo quienes vieron en el 15-M un proceso destituyente al que seguiría uno instituyente, y desde entonces no han faltado dirigentes políticos de distinto signo que hayan apelado a la “reconstrucción” para superar tanto las graves heridas que la Gran Recesión dejó al Estado del Bienestar como los problemas territoriales.

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La importancia de un proceso así en España radica, al menos, en tres aspectos: la redefinición del perímetro político, la necesidad de acometer cambios inaplazables y el diseño de una gobernanza para la renovación permanente. Si los Pactos de la Moncloa pusieron las bases para el desarrollo de la democracia hace 40 años, un nuevo acuerdo de esta naturaleza está llamado a preparar las estructuras para la actual era de incertidumbre. Al igual que hace cuatro décadas, el acuerdo, si se alcanza, perimetrará el área de acción política y definirá sus protagonistas. Quien quede fuera se habrá autoexcluido. De ahí que cueste imaginar al Partido Popular ausentándose, o a las organizaciones empresariales rehuyendo la negociación. Más allá de escenificaciones y liturgias, no es imaginable que ninguna de estas fuerzas opte por convertirse en antisistema.

Las crisis hacen emerger problemas preexistentes y generan otros nuevos. Entre los primeros, las brechas que hoy muestran toda su crudeza llevan años diagnosticadas: el género, la posición económica, el acceso al conocimiento y la tecnología, o el lugar de residencia, son fuentes de desigualdad. Junto a ellas, la pandemia ha aflorado otros retos inaplazables como la modernización de la administración pública, la capacidad de reacción ante contingencias, la mejora del engranaje de la gobernanza multinivel o la reindustrialización. Lo que hace unos años podía ser un deseo reconstituyente hoy es una necesidad para afrontar cifras del 20% de desempleo y un entorno global de inestabilidad. La política tiene un enorme poder, pero no tiene todo el poder. Un virus ha puesto en jaque a un sistema global que rozaba con los dedos la abolición del tiempo y el espacio. En su capacidad de reacción está su supervivencia, imposible de limitar a un momento de cambio, ni mucho menos a un momento instituyente. Se trata de diseñar un proceso basado en la capacidad de comprender y renovar lo que sea necesario siempre que sea necesario, para mantener el rumbo. Hoy la inacción no es posible. No hacer nada es ser arrastrado.