El campo negocia

Las protestas de los agricultores, concentradas el martes en Extremadura, Almería y Cádiz, han tenido una respuesta del Gobierno que merece una reflexión política más prudente que exaltada. El vicepresidente Iglesias y la ministra Díaz han aceptado la creación de una mesa de negociación específica para el campo que, como cualquier propuesta de este orden, tendrá que concretarse en detalles (composición, funciones, calendario) si lo que se pretende es que sea algo más que un brindis al sol. Además, los negociadores de las asociaciones agrarias recibieron de Iglesias y Díaz una simpatía hacia sus reivindicaciones que no es usual en estos casos. No solo consideraron ambos que los agricultores tienen razón en sus protestas, sino que les instaron a “seguir apretando” en calles y autovías para defender sus reivindicaciones.

No está prohibido, desde luego, que vicepresidente y ministra sientan simpatía por los derechos de los agricultores; de hecho, si hay una batalla que ya han ganado los manifestantes es un cierto consenso social en que la situación del campo requiere atención inmediata. Pero no es propio de un vicepresidente del Gobierno el que anime a que se lleven las protestas a la vía pública ni a seguir manteniendo cortes en calles y autovías.

Las reclamaciones se han entendido hasta ahora en amplios sectores sociales como justificadas y es razonable que se encaucen en un proceso negociador que dirija el ministro de Agricultura. Es posible que las protestas continúen, pero las organizaciones agrarias saben que será la negociación la que resuelva, o al menos palíe, los males que aquejan al sector primario. Dicho lo cual, también hay que recordar que se equivoca quien piense que las dificultades del campo se van a resolver en dos semanas. Lo más razonable es ordenar los problemas por su urgencia e importancia y organizar las negociaciones de acuerdo con este criterio. Es la forma más segura de avanzar y también la mejor para no confundir a los agricultores y a los ciudadanos.

A efectos prácticos, hay dos cuestiones urgentes que deberían constituirse en preocupación inmediata de los negociadores: la creación de un observatorio de precios, que sirva de guía e instrumento para vigilar las diferencias entre precios pagados a los agricultores y precios de venta al público, y un enfoque realista de lo que sucederá en Europa con los fondos de la PAC. No es admisible que el campo esté vendiendo productos a pérdida, porque es ilegal y distorsiona las reglas de cualquier mercado. Si se consiguiera un principio de acuerdo sobre estos dos puntos, que podría implicar fórmulas para compensar, llegado el caso, los recortes de la PAC y, al tiempo, se abordaran procedimientos para frenar la competencia desleal de productos importados sin las debidas garantías, podría decirse que la negociación va por buen camino.

Otros problemas requieren estudios más detallados y una negociación más larga. El campo, como muchas actividades económicas, tiene que hacer frente a cambios drásticos en política energética —es inevitable una subida de la imposición sobre los carburantes—, en condiciones ecológicas más estrictas y un largo camino de mejora de las explotaciones que implicará coordinar a todas las administraciones del Estado. Este debería ser el sentido de la negociación a largo plazo con los agricultores.