Moncloa y el desarme unilateral

Años atrás un todopoderoso consejero socialista de la Junta de Andalucía, interpelado sobre la necesidad de cambiar los estándares degradados de la televisión pública, formuló ampliamente la teoría del desarme unilateral: por convicción, él creía en la televisión pública como instrumento de transformación social sin instrumentalizarla desde el poder, pero no mientras en las comunidades del PP —Madrid, Valencia o Galicia, en ese momento— usasen sus teles autonómicas para la batalla política; es decir, o todos renunciaban conjuntamente a esa arma o nadie aceptaría un desarme unilateral sacrificando ese instrumento tan poderoso.

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En fin, no resultó muy ejemplarizante pero sí una confesión transparente del pragmatismo político: no se cede al rival una ventaja aunque atente contra tus principios. Y no sólo sucede con las televisiones públicas. También con la Fiscalía General del Estado que los Gobiernos, aunque con perfiles desiguales, han instrumentalizado a destajo.

La elección de Dolores Delgado sólo se entiende con esa lógica. Más allá de la ingenuidad o el cinismo de quienes ven normal su elección, incluso los propios dirigentes socialistas admiten que este nombramiento volcánico sólo tiene sentido desde la lógica instrumental del poder. Bajo la certeza de que esta legislatura va a dirimirse frecuentemente en el terreno judicial, donde el PP opera con la ventaja de las mayorías conservadoras, Moncloa asume el desgaste de su elección indecorosa para asegurarse una posición fuerte ahí. Ya se sabe que en el amor y en la guerra vale todo, también en el campo de batalla de la política. Y Delgado es dura. De momento, lo primero que ha anunciado la derecha es una batería de querellas y recursos contra su designación, evidenciando que Moncloa sabe lo que le espera. Se va a batallar mucho, y no sólo sobre Cataluña, en el frente judicial.

La fatalidad de esta mecánica es, no obstante, falsa. Las cosas no tienen por qué ser así. Contra esa lógica del desarme unilateral, sí hubo un intento con la televisión pública: la reforma de Zapatero en 2006 transfiriendo el nombramiento de Moncloa al Parlamento por mayoría cualificada, al menos hasta que cayó Oliart. El PP, apenas llegar al poder, acabó con aquello y volvió al plomo; aunque ahora Juanma Moreno en Andalucía sí aborde ese desarme.

La Fiscalía General del Estado, en cambio, no ha tenido nunca demasiado oxígeno. El PSOE arrastra una trayectoria negra, con el hito de Eligio Hernández. Claro que la autoridad moral del PP —los de Cardenal o Maza, los de Pérez de los Cobos o Enrique López, los de “esto te lo afina la Fiscalía” o “controlando la sala segunda desde detrás”— es mínima. Está pendiente que algún partido, como con la televisión, ensaye el desarme unilateral para frenar la aluminosis moral que desacredita la institución. No va a ser ahora, para mayor escándalo del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Sánchez ha preferido soportar el precio de la exhibición impúdica con su fiscal general a sabiendas de qué clase de legislatura hay en el horizonte: bajo el fuego.