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Los okupas de la mansión de Boris Becker en Mallorca, desalojados

Desde hace dos años y medio, varias personas residían en la casa del tenista

Mansion de Boris Becker
Boris Becker, en un partido de tenis en Brisbane, Australia, el 7 de enero. Getty Images

Una comisión judicial acompañada de la Policía Nacional y la Guardia Civil desalojó el martes a un grupo de okupas que, desde mediados de 2018, residían de forma ilegal en Son Coll, la casa que fue propiedad del tenista Boris Becker, radicada en la localidad mallorquina de Artá. El desalojo se produjo el martes por la mañana después de que la Guardia Civil identificara semanas atrás a varios habitantes de la villa, que ascendían a una decena.

Entre los desahuciados se encontraba una pareja, con la mujer embarazada y un niño menor a su cargo, que acudieron a pedir ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Artá, que ha gestionado una alternativa habitacional para los tres. Los habitantes de la finca llevaban desde mediados de 2018 residiendo en el lugar y habían acondicionado las diferentes estancias de la casa. Contaban incluso con un huerto y red wifi. La propiedad se encontraba en estado de abandono antes de la llegada de los okupas.

La propiedad cuenta con 2.900 metros cuadrados, piscina, pista de tenis, gimnasio, establos y una edificación para el servicio y los invitados, además de la casa principal. En los años noventa el tenista la adquirió por un millón de euros y acometió unas importantes obras de reforma, que anticiparon los muchos problemas que vendrían después. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares le obligó a demoler gran parte de lo construido, al constatar que las obras se habían realizado sin permiso y saltándose los límites de edificación estipulados en las licencias. Además, tuvo que pagar más de medio millón de euros en multas por varias infracciones urbanísticas.

La propiedad salió a subasta en 2012 por el impago de los 276.000 euros que adeudaba a la empresa que diseñó y mantuvo los jardines. Sin embargo, un acuerdo con los denunciantes en el último momento permitió al tenista paralizar la venta de la propiedad, que fue tasada por el juzgado en 8,5 millones de euros. Dos años después la historia se repetía por otra deuda de medio millón de euros con la empresa que realizó las reformas.

El juzgado sacó de nuevo la finca a subasta pública y una vez más, un pago de última hora le permitió conservarla. El tenista ha intentado vender Son Coll en los últimos años, primero por 15 millones de euros y después por siete millones, pero no ha aparecido ningún comprador interesado. Si la vivienda no logra comprador, nada impide que la ocupación se repita.

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