Joven y precario

La Encuesta Financiera de las Familias sitúa de nuevo en primera línea del interés político y económico la delicada situación de las generaciones más jóvenes de asalariados y profesionales españoles. La encuesta, elaborada por el Banco de España, en colaboración con el INE y la Agencia Tributaria, demuestra con estadísticas precisas que la renta de las familias más jóvenes ha descendido el 18% entre 2010 y 2016; y que la riqueza de los hogares jóvenes se ha hundido durante el periodo de crisis y recesión. Si en 2011 podían atesorar una riqueza financiera de 71.000 euros después de contabilizar las deudas, en 2017 esa diferencia era de 5.700 euros. La encuesta también confirma que durante la crisis las rentas y la riqueza de los pensionistas se ha defendido mejor, lo cual es explicable por dos factores básicos: las pensiones son rentas públicas y los pensionistas han podido organizarse como un grupo de presión en las calles.

Pero la interpretación más llamativa y contundente de la encuesta es que las peores consecuencias del ajuste radical de la economía española entre 2012 y 2015, fundamentado en el recorte de derechos sociales, depresión de las rentas salariales y precariedad laboral, han recaído sobre todo en las posibilidades de empleo y promoción social de los más jóvenes. La política económica de Rajoy, claramente procíclica y atenta tan solo a sostener mediante despidos y recortes salariales a las empresas insostenibles, ha erosionado la capacidad de integración económica de los profesionales recién incorporados al mercado de trabajo. Esta percepción debería explicarse con claridad cada vez que el Partido Popular se apresura a ponerse la medalla de “superar la crisis” de 2008.

El daño causado por los ajustes de rentas y derechos laborales es tan profundo que buena parte de los estratos de asalariados y profesionales de menos edad no han podido incorporarse a la recuperación macroeconómica certificada por las estadísticas globales. Las dificultades de socialización, emancipación y ascenso se recrudecen por la pésima coordinación del Estado, las autonomías y los municipios en la regulación del mercado de la vivienda. Con salarios bajos y contratos precarios, los profesionales jóvenes no pueden acceder a la compra de la vivienda y tropiezan con un mercado de alquiler cuyos precios crecen sin cesar favorecidos por políticas neoliberales en los Ayuntamientos gobernados por el centroderecha. Por razones conocidas, el Gobierno de Sánchez no ha podido articular una política de aumento de las viviendas sociales para alquiler y aplicar fórmulas de indiciación para moderar los precios; pero también resultan difíciles de entender sus vacilaciones y falta de iniciativa sobre vivienda pública.

La sociedad española ha invertido dinero y esfuerzo en la formación de los jóvenes. Esa inversión debe traducirse en un aumento de la productividad social y para ello es obligado que ocupen los empleos desde los que puedan demostrar su capacidad. Las políticas laborales que favorecen los salarios ínfimos, y permiten la ocupación de puestos fijos con contratos temporales tienen que ser corregidas, con prudencia pero sin pausa. El peor de los escenarios es aquel en el que la capacidad profesional de los más jóvenes y capacitados sea anulada por normas laborales precarias, sobre cuya supresión o rectificación existe además un amplio consenso social.