Netanyahu, procesado

El anuncio del procesamiento —tras una larga y exhaustiva investigación— por fraude, corrupción y abuso de poder del primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, le inhabilita políticamente para seguir ejerciendo el cargo, máxime en un momento delicadísimo de la democracia israelí que, ante repetidos fracasos a la hora de formar Gobierno, se dirige hacia sus terceras elecciones parlamentarias en apenas un año.

La decisión del fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, se fundamenta en las pruebas recolectadas en tres casos concretos que muestran cómo Netanyahu ha utilizado con frecuencia su posición de jefe de Gobierno para utilizar los medios de comunicación en su favor a cambio de favores fiscales y empresariales o, simplemente, para recibir lujosos regalos de carácter personal a cambio de exenciones impositivas. La investigación ha sido realizada por la policía. La Fiscalía se ha tomado un tiempo más que prudencial para evaluarla. Ambos cuerpos gozan de un reconocido prestigio en este tipo de casos ante la sociedad israelí. De hecho, el trabajo del primero y las decisiones del segundo culminaron con el encarcelamiento de un expresidente por violación de una mujer y de un exprimer ministro por corrupción inmobiliaria. Es más, Mandelblit fue asesor legal del Gobierno entre 2013 y 2016, lo cual no le impidió emitir ayer un histórico dictamen. Netanyahu es el primer jefe de Gobierno israelí procesado durante el ejercicio de su cargo.

No cabe hablar, pues, de apresuramiento ni de motivación política, ni de caza de brujas, ni muchísimo menos de “tentativa de golpe de Estado”, como hizo Netanyahu a las pocas horas del anuncio de su procesamiento. Cuatro años de investigaciones con más de 140 entrevistas y un voluminoso sumario en el que han trabajado una veintena de fiscales dan poco margen para creer que el caso haya sido preparado políticamente.

Ayer, el partido del exgeneral Benny Gantz pidió la dimisión de Netanyahu señalando que el Tribunal Supremo israelí avala que cualquier ministro procesado no puede seguir ejerciendo su cargo. Pero también es cierto que el primer ministro queda fuera de esta disposición y que puede esperar a que haya una sentencia firme. Netanyahu puede recurrir a este apartado legal para aferrarse al poder. Pero no es posible obviar que ostenta el cargo en funciones y que Israel se encuentra en un periodo de parálisis política que está obligando a repetir elección tras elección. Políticamente, su posición resulta indefendible. Lo responsable por su parte sería abandonar el puesto para centrarse en su defensa en vez volver a utilizar inapropiadamente su posición con un comportamiento que daña terriblemente la institucionalidad de la democracia israelí.