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Anomalías

Educación tiene que esclarecer las dudas sobre las pruebas de PISA

Alumnos de un instituto de Valencia.
Alumnos de un instituto de Valencia.

España no suele salir bien parada en las pruebas de PISA. Aunque ha mejorado en los últimos años, los alumnos españoles están lejos de la excelencia. Más bien se encuentran en el rango medio y con muchas dificultades para subir puestos. Pero esta vez, el informe PISA correspondiente a la evaluación de 2018 ha sido noticia antes de tiempo por una razón diferente: la decisión de la OCDE de excluir la publicación de una parte de los resultados correspondientes a España en el informe que se dará a conocer en diciembre. La razón es que se han encontrado ciertas anomalías en una de las pruebas de lectura, concretamente en la nueva sección dedicada a evaluar la fluidez lectora. Allí donde los alumnos evaluados, estudiantes de 15 años, emplean normalmente entre 50 segundos y 2 minutos para responder a veinte preguntas, unos 2.000 alumnos de un número considerable de colegios de diferentes zonas de España tardaron mucho menos, en algunos casos menos de 25 segundos, y algunas respuestas parecen obedecer además a patrones predeterminados. También se han observado anomalías en las pruebas de ciencias y matemáticas, pero en este caso no se ha suspendido la publicación de resultados.

Mientras no concluya la investigación abierta no será posible establecer las causas de estas anomalías. En su comunicado oficial, la OCDE descarta que puedan deberse a un fallo técnico o a una manipulación posterior de las pruebas, de modo que el margen para que la causa sea de naturaleza fortuita se estrecha, aunque no es descartable del todo. Dado que la prueba se hizo por ordenador y quedaron registrados todos los pasos, no debería ser difícil averiguar qué ha ocurrido exactamente. Las autoridades educativas españolas deben poner todo el empeño en esclarecer este extraño incidente.

Las pruebas de PISA han sido cuestionadas por algunos expertos por su capacidad para condicionar la actividad docente de los centros y por el hecho de que solo evalúan una parte de las competencias de los alumnos, las orientadas al rendimiento laboral, dejando fuera otras habilidades necesarias para desenvolverse en la vida. Pero sigue siendo la principal herramienta para poder comparar la eficacia de los métodos educativos y los modelos organizativos de los diferentes países.

Uno de los efectos negativos de los informes PISA es la fuerza que tienen para fijar en la opinión pública la imagen de la calidad docente de un país, lo que provoca una fuerte presión sobre las autoridades educativas y los propios colegios evaluados. A lo largo de la historia de esta prueba se han detectado maniobras en algunos países para lograr una mejor posición en las listas, como excluir ciertos colegios situados en zonas desfavorecidas o facilitar la ausencia de alumnos desaventajados el día del examen. El valor del informe PISA depende de su credibilidad como fuente de datos comparativos fiables y fidedignos, de ahí en interés en esclarecer qué ha ocurrido. La prueba ahora en cuestión se celebró en mayo de 2018, bajo el mandato del ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo, del PP, y en ellas se evaluaba el rendimiento de los escolares bajo la controvertida ley Wert aprobada en 2013. Esperemos que no sea así, pero si la investigación revelara alguna maniobra para mejorar la puntuación de España, sería un escándalo que debería tener consecuencias. Hacer trampas es peor que quedar en mala posición.

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