Últimos días antes de las elecciones, la exaltación de la ultraderecha hace indispensable cada voto.
La equidistancia está de moda. Unas veces estoy con ella, otras la detesto. Ya he aceptado que los trabajos no son eternos sino proyectos por un tiempo, pero todavía, cuando en LinkedIn expongo las implicaciones de cada partido para proteger al trabajador, siempre hay alguno que me espeta que no hable de política en esa red. Allí han ido a exhibir sus triunfos, colgar sus premios y aplaudir a sus amigos. Nada de hablar de empresas que discriminan por edad a los trabajadores, ni de las pocas ayudas económicas para las madres trabajadoras. Abunda la teoría de que si buscas trabajo no debes hablar de política, cuando la política es la base de cualquier relación laboral. Y cada vez somos más los que la demandamos.
Con la salud sexual, lo mismo.
Mientras Naciones Unidas no se cansa de recomendar a los Gobiernos que se impliquen en la salud sexual de sus ciudadanos, la ultraderecha defiende su libertad para no hacerlo. Argumentan que tienen derecho a no saber que se puede no ser cisgénero ni heterosexual. No es opinión. Nunca lo fue. Pero ahora, si me insulta mi vecino el del quinto porque no entiende que sea bisexual, puedo denunciarlo. Hay una ley que me protege. Y aún así, no siempre la cumplen. Durante la legislatura de Cristina Cifuentes, a pesar de que se aprobara por mayoría de la Asamblea de Madrid, no se llevó por ejemplo a las aulas. No se educó en la diversidad sexual tal y como establecía la ley. Ninguno de sus sucesores ha exigido esta educación en los colegios públicos. Mientras tanto, los jóvenes LGTBI sufren. Desde aquel 14 de julio de 2016 hasta hoy, en la Comunidad de Madrid, las agresiones suceden, una al día, como mínimo, según el Observatorio Madrileño contra la Homofobia
La Asociación Arcópoli ha elaborado un hilo en Twitter en el que analiza el compromiso de cada partido con las personas LGTBI. Más País es el que saca más nota, seguido de PSOE y Unidas Podemos. De la derecha no aprueba ni uno, ni siquiera Ciudadanos. Por eso resulta tan curiosa la estrategia electoral de los últimos días de los de Albert Rivera, anunciándose en Grindr, intentando seducir al electorado homosexual. Por ahora, ningún organismo LGTBI se ha pronunciado respecto a los vientres de alquiler, punto número diez del programa de Ciudadanos. Por eso muchos homosexuales evidencian en redes sociales su completa desvinculación con el ideario de la formación. No quieren que se les relacione con el arrendamiento de úteros.
En Murcia, la llegada de la ultraderecha al Parlamento ha supuesto la implantación del pin parental en los colegios de la comunidad. Esto supone que los chavales no serán educados en el respeto, la tolerancia y la diversidad si son hijos de un padre homófobo. Se ha legitimado el discurso ultraderechista, Vox desde su argumentario, y Partido Popular y Ciudadanos con sus pactos. La homofobia y el machismo no son opiniones. La primera se resguarda con los correspondientes artículos del Código Penal y el segundo lleva ya más muertas en 2019 que en todo el pasado año. Inés Arrimadas defiende un feminismo que implica el alquiler de úteros. El día que una señora de alta alcurnia se quede embarazada para una mujer pobre, podré creer que el feminismo de Arrimadas es equitativo.
El partido liderado en Francia por Marine Le Pen, fue la segunda fuerza política más votada, pero los conservadores franceses y los alemanes mantienen el cordón sanitario para que la ultraderecha no acceda a sus Gobiernos. No así en el resto de Europa, donde se blanquea con pactos de Gobierno. El franquismo no se estudia en los colegios, no se cuenta cómo se masacró la diversidad sexual, los medios de comunicación blanquean el fascismo a cuenta de la audiencia que consiguen con el espectáculo. El domingo no queda otra que votar para dar o quitar poder a todos los que quieren que volvamos a los armarios. Las leyes, todas, se deciden en el Parlamento. Y el asiento lo proporcionamos los ciudadanos. Necesitamos, más que nunca, urnas sexualmente saludables.
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