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Respetar a los docentes

Vox pretende impedir que la escuela pueda analizar y debatir con criterios de pluralidad

Alumnos del Colegio Domus en Godella (Valencia).
Alumnos del Colegio Domus en Godella (Valencia). EL PAÍS

Suficientes problemas tiene ya el sistema educativo como para tener que soportar ahora los intentos irresponsables de convertir los colegios en un escenario de pugna ideológica. La ofensiva comenzó cuando Vox trató de condicionar su apoyo a los pactos de gobierno entre PP y Ciudadanos con dos propuestas muy polémicas: la implantación del cheque escolar y el llamado Pin parental, que otorga a los padres el derecho a decidir la asistencia de sus hijos a las actividades escolares complementarias. Vox pidió en varios Parlamentos autónomos los datos y nombres de quienes habían impartido talleres sobre identidad sexual o cuestiones de género, lo que puede interpretarse como un intento de intimidación. Ahora, la organización ultraderechista Hazte Oír se ha dirigido a más de 20.000 centros para que se sumen a la iniciativa del Pin parental.

Lo grave es que la campaña está empezando a surtir efecto. El Gobierno de Murcia ha hecho suya la propuesta de Vox y ha enviado una instrucción a los colegios sobre la necesidad de que las familias den el consentimiento expreso para que sus hijos participen en las actividades complementarias. Es una decisión muy irresponsable, pues abre la puerta a un cuestionamiento general por razones ideológicas de las actividades docentes. Los cursos y talleres para los que se requiere el consentimiento no son actividades extraescolares de libre elección, sino actividades incluidas en el horario lectivo y que forman parte del programa docente. Han sido decididas por el claustro de profesores de acuerdo con las facultades que la ley les otorga y han sido además aprobadas por el consejo escolar, del que forman parte las familias. Instar a que las familias puedan vetar la presencia de sus hijos por razones ideológicas supone cercenar la autoridad del claustro y poner en duda su capacidad para decidir sobre los instrumentos más idóneos para la educación de los escolares. No solo menoscaba la profesionalidad de los docentes, sino que promueve un clima de sospecha general sobre sus motivaciones a la hora de tomar decisiones.

Este planteamiento alienta el enfrentamiento entre las familias con determinadas convicciones ideológicas y los equipos docentes, que no pueden ignorar la pluralidad social existente. Parte de la idea de que tratar cuestiones de género, de orientación sexual o hablar de la diversidad de familias es adoctrinamiento. Pero lo que persigue en realidad es una censura, impedir que la escuela pueda analizar y debatir con criterios de pluralidad, lo que no deja de ser una aproximación a la educación doctrinaria y excluyente. El sistema educativo debe quedar al margen de la pugna política o ideológica. Difícilmente podrá cumplir su misión si en lugar de promover el respeto por la labor de los docentes se intenta convertir los colegios en un campo de batalla.

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