Barracones escolares

España inicia un nuevo curso escolar con 50.000 alumnos en barracones y la misma precariedad y provisionalidad que ha marcado los anteriores. Los recortes provocados por la crisis no se han revertido y las instalaciones siguen acusando la caída de las inversiones, que en diez años ha sido de 7.000 millones. El resultado es que una solución de emergencia y por naturaleza provisional como son los barracones, se alargue en el tiempo y devenga estructural, hasta el punto de que ya hay estudiantes que han cursado toda la etapa obligatoria en ellos. En los últimos cinco años solo se han reducido en 15.000 las plazas en barracones, y de seguir a este ritmo se necesitarían dos décadas para eliminarlos. A ello hay que añadir la degradación de edificios e instalaciones por falta de un adecuado mantenimiento.

Igualmente crónicas son las carencias en el capital humano del sistema educativo. La reciente oferta pública de empleo paliará la precariedad, ya que permitirá regularizar la situación de muchos profesores interinos, pero no será suficiente para dimensionar las plantillas a las necesidades educativas. Fuentes sindicales estiman en más de 25.000 el déficit de profesores.

El contexto político en el que comienza el curso es de incertidumbre, con una ley educativa, la LOMCE, ampliamente cuestionada y sin que se vislumbre la posibilidad de un pacto de Estado sobre la educación que permita abordar las reformas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza y reducir los niveles de fracaso y abandono escolar. Entre las medidas de gobierno que el PSOE propone para la próxima legislatura figura aprobar una nueva ley general de educación. Está claro que la aprobada en solitario por el Gobierno del PP en 2013 debe ser derogada. Era tan parcial y deficiente que el propio PP tuvo que dejar sin efecto parte de su contenido. Pero el sistema educativo no puede permitirse nuevos fiascos legislativos. Necesita estabilidad, un horizonte normativo consensuado y estable, y un incremento presupuestario que acerque el gasto educativo al 5% del PIB para poder abordar con garantías las reformas pendientes.