Deber cumplido

El Gobierno español ofreció a mediodía de ayer Algeciras y horas después Baleares como puertos para desembarcar al centenar de náufragos que continúan a bordo del Open Arms, si bien los responsables del barco descartaron ambas propuestas por estimar que el buque no está en condiciones de emprender una nueva travesía, que exigiría de cuatro a seis días adicionales de navegación. El gesto del Ejecutivo en funciones que preside Pedro Sánchez es, no obstante, necesario y digno de elogio, en contraposición a la violación de la legislación internacional por los Gobiernos de Malta y de Italia.

Estas dos semanas, el vicepresidente y ministro del Interior de este último país, Matteo Salvini, ha pretendido capitalizar la crisis con fines políticos: mientras exhibe una supuesta firmeza contra el tráfico de personas, ha intentado dinamitar el Gobierno del que forma parte y forzar un adelanto electoral, aprovechando su protagonismo en esta odisea como aval de sus posiciones xenófobas y antieuropeas. El plan ha concluido en fracaso, y el peso de la responsabilidad por la suerte de todos los pasajeros del Open Arms, y no solo de los que se ha visto obligado a acoger, sigue recayendo sobre sus hombros.

El gesto español solo puede ser interpretado como el rechazo a la lógica nacionalista que Salvini ha intentado infructuosamente inocular entre socios europeos. A diferencia de él y de la execrable demagogia con la que quiere envilecer las instituciones europeas, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumania, además de España, han entendido que no son las bravatas fascistas del ministro italiano las que merecen respuesta, sino la dramática situación en la que se encuentran un centenar y medio de personas rescatadas en alta mar. Es decir, han procedido con el mismo criterio que la justicia italiana y que algunos políticos que comparten Gabinete con Salvini, pero que son contrarios a su posición y que están salvando la dignidad del país que él está dispuesto a arruinar por oportunismo y egolatría.

El tráfico de personas y las mafias que lo llevan a cabo son un problema, pero en ningún caso una excusa. La situación objetiva en la que se encontraban las personas en el momento de ser rescatadas por el Open Arms entrañaba un peligro para sus vidas que hace irrelevante el motivo por el que llegaron a encontrarse en ella. El deber legal de los Estados era ponerlas a salvo de inmediato, para, a continuación, adoptar las medidas políticas necesarias para evitar que el riesgo se repita.

España y el resto de los países que se han ofrecido a facilitar el desenlace de la crisis del Open Arms han acreditado suficiente disposición para cumplir con un deber que es a la vez jurídico, político y moral, y se encuentran en inmejorables condiciones para reclamar en todas las instancias de la Unión la búsqueda de una solución europea. No solo en el próximo Consejo de Ministros de Interior, en el que participará Salvini, sino también en el primer Consejo Europeo en el que la cuestión pueda ser abordada. La importancia de esta gestión a varios niveles no reside únicamente en la gravedad de la materia; lo que la crisis del Open Arms ha puesto además de manifiesto es que el ministro del Interior de una fuerza de extrema derecha ha querido erigirse en caudillo frente a su propio Gobierno, y a través de él, frente a la Unión. Y eso Europa no puede consentirlo.