Alquileres con sentido

El alquiler se ha convertido en un problema social acuciante debido a la explosiva elevación de los precios, causada por la escasez de viviendas existentes y por el crecimiento de la demanda derivado de la preferencia de las nuevas generaciones de profesionales por el arrendamiento. La subida desmesurada de los precios, calculada por el Banco de España en más del 50% entre 2013 y 2018, produce a su vez un efecto angustioso sobre las familias, porque ven como una parte creciente de sus ingresos, ralentizados, cuando no directamente reducidos por la recesión, se destinan al pago de la vivienda. España es el tercer país de la OCDE donde más porcentaje de ingresos familiares se gasta en acceder a un piso; el precio del alquiler supera el 40% de los ingresos en el 25% de los hogares.

Aliviar este problema debería ser uno de los objetivos prioritarios de la legislatura. Hay que insistir, además, en que lo más inteligente sería producir los cambios legislativos necesarios con el acuerdo de los agentes económicos y financieros. No hay mejor forma de bajar los precios que aumentar la oferta de viviendas para alquiler. Por lo tanto, uno de los pasos obligados es que, de forma coordinada, las autoridades estatales y municipales promuevan la construcción de viviendas sociales en alquiler. Los Ayuntamientos tienen mucho que decir al respecto; por ejemplo, poniendo suelo público a disposición de promociones sociales, sean para agentes públicos o privados.

Una parte del trabajo ya se ha hecho. Los Ayuntamientos, conocedores en cada municipio de la posición específica de la ciudad, tienen facultades para controlar los llamados pisos turísticos. Hay nuevas normas hipotecarias y se han aprobado partidas de inversión para construir pisos sociales. Quedaba por definir un instrumento decisivo para comprender el mercado y actuar sobre él: un índice oficial de precios de alquiler. Fomento está elaborando uno tomando como base las informaciones (anónimas) sobre alquileres contenidas en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta. Se trata de tener un índice fiable, incontestado y de publicación regular.

La importancia de un índice de esta naturaleza es, por supuesto, estadística. El Estado tiene que saber cuál es la evolución de un parámetro tan relevante en términos sociales y evitar las confusiones. También es una llave para actuar sobre el mercado de la vivienda con conocimiento de causa. Con un indicador creíble, es posible desarrollar políticas ajustadas de intervención. Por ejemplo, puede actuar como señal para ofrecer incentivos fiscales a los arrendadores o a los inquilinos; o modular la construcción municipal o estatal de vivienda.

No debería cometerse el error político de minusvalorar el problema de la vivienda. Uno de los estrangulamientos sociales más graves hoy en España es la brutal diferencia entre unas rentas familiares congeladas o menguantes frente al precio de una necesidad básica como el alquiler que, desde el crash inmobiliario hasta hoy, se ha disparado sin freno regulatorio o administrativo alguno. Ha llegado la hora de ordenar el mercado, desde la elaboración de un índice de precios hasta un ambicioso plan de vivienda social, protegidas por ley de los fondos buitre.