La pulsión mayoritaria

El debate de investidura lo ha revelado de nuevo. Los viejos partidos estatales siguen bajo la influencia de una versión mayoritaria de la dinámica democrática. Intentan imponerla sobre la compleja realidad de la sociedad de hoy. En la reciente historia de nuestra democracia, muchos dieron por buena y necesaria la lógica de una política protagonizada por dos grandes partidos: el titular de un Gobierno monocolor y el que se arrogaba el papel de candidato a sucederle. Las demás fuerzas eran contempladas como comparsas y en ocasiones como apoyo de emergencia, incidental y subalterno.

El problema hoy es que este esquema ya no casa con la situación de la sociedad española. Al igual que en otros países europeos, se han producido cambios de fondo. Al menos, desde que se hicieron evidentes los grandes estragos sociales y económicos provocados por la financiarización del capitalismo global. Las demandas ciudadanas se expresan con mayor diversidad de matices y con diferentes urgencias. A escala nacional, estatal y europea. Como resultado, la panorámica partidista se ha modificado sustancialmente, en España y en otros países de nuestro entorno. Y esta modificación tiene difícil marcha atrás, mal que les pese a quienes han hablado del declive de la “nueva política” y del retorno a una presunta normalidad.

Poco ajustado a la realidad me ha parecido, por tanto, el planteamiento del candidato a la investidura, al caer en la trampa de acumular demasiados vetos y limitaciones. Sea por propia decisión, sea por presión de su entorno, daba la apariencia de que le costaba admitir la necesidad de un socio para gobernar y otorgarle proporcionada influencia en las decisiones del Ejecutivo. Parecía contemplarlo como anomalía, cuando no como claudicación. Pesaba la añoranza estéril de la dinámica del contraste simplista y tajante entre Gobierno monocolor y minoría mayoritaria en la oposición.

La ciencia política distinguió hace tiempo entre la política del antagonismo —la adversary politics— y la política de consenso o concertación. Inclinarse por la primera perjudica el asentamiento de políticas públicas, porque impide concitar apoyos sociales más sólidos que el de una mayoría monocolor por amplia que esta sea. Resistirse a la lógica de la concertación está contraindicado si se quiere asegurar la estabilidad necesaria en materias como la educación, las pensiones, el medio ambiente o —en nuestro caso— la cuestión territorial.

Sánchez daba la apariencia de que le costaba admitir la necesidad de un socio para gobernar y otorgarle proporcionada influencia en el Ejecutivo

Esta pertinaz pulsión bipartidista se ha expresado ahora doblemente. Lo ha hecho primero en el empeño del candidato Sánchez por ganarse la abstención del PP, en lugar de la concertación activa con quienes podía compartir una mayoría ajustada pero suficiente. Y se ha manifestado también de modo llamativo en la oferta de reforma del artículo 99 que hizo el líder del PSOE. Es hábil en lo táctico porque puede conseguir un aliado en el PP, aspirante a ser antagonista principal en esta danza a dos. Pero parece una propuesta muy arriesgada. Generaría más tensiones porque una lógica mayoritaria como la que se pretende extremar con una reforma de este tipo desemboca en una peligrosa lógica de exclusión. Margina a quienes se encuentran en posiciones minoritarias, les priva de legitimidad y les impide asumir compromisos en la formación de acuerdos amplios en materias socialmente sensibles. Un artículo 99 reformado según el modelo municipal podría acelerar la formación de Gobierno, pero a costa de dificultar la gobernanza. Dicho Gobierno carecería de fuerza para impulsar acciones en los asuntos de trascendencia social.

Es cierto que un patrón bipartidista como el que predominó durante la etapa de la alternancia socialista-popular condujo a la formación rápida del Ejecutivo, apuntalando su estabilidad gracias a la moción de censura constructiva. Pero no hay que olvidar que este patrón binario debilitó al Parlamento, facilitó la expansión de la corrupción y fomentó la colonización bipartidista de instituciones centrales del Estado: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, etcétera.

Más allá de los graves errores tácticos de unos y otros en las negociaciones de estos días, el hecho es que el corsé del patrón mayoritario ya no encaja con la realidad compleja de la sociedad española. Y esta realidad acaba imponiéndose sobre las ortopedias institucionales. Lo certifican tres elecciones generales en menos de cuatro años. Una sociedad más fragmentada en lo social y declaradamente plural en lo nacional-territorial, no puede encasillarse ya en el esquema bipartidista y mayoritario que Sánchez y su partido parecen querer conservar.

En lo inmediato, someterse a la pulsión de esta dinámica mayoritaria ha frustrado la posibilidad de que el país saliera ya de una prolongada interinidad. A medio plazo, puede impedir que el sistema político español recupere el equilibrio suficiente para abordar con expectativas favorables los gravísimos problemas que padece desde hace años.

Josep M. Vallès Casadevall es catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.