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Evitar el abandono

Debemos rechazar y combatir cualquier intento de estigmatización de los menores extranjeros no acompañados

Llegada al puerto de Motril de inmigrantes rescatados, entre ellos algunos menores.
Llegada al puerto de Motril de inmigrantes rescatados, entre ellos algunos menores. EFE

Los problemas hay que tratar de solucionarlos antes de que se cronifiquen y se agraven. La gestión de la llegada de menores inmigrantes no acompañados a nuestro país ha puesto a prueba el sistema de acogida, que ha quedado desbordado y ahora mismo es incapaz de garantizar una protección adecuada para todos los que llegan. España se ha convertido en la principal puerta de entrada de menores a Europa y todo indica que no se trata de un fenómeno puntual, sino que irá a más. En diciembre de 2018 había registrados 13.012 menores no acompañados, más del doble que 2017. Lo ocurrido en Cataluña en los últimos meses, con protestas e incidentes en torno a varios centros de acogida, debe ser tomado como una señal de alerta. No podemos permitir la criminalización de un colectivo que antes que nada es víctima de su situación. Debemos rechazar y combatir cualquier intento de estigmatización de estos menores, en los que la extrema derecha ha encontrado una diana para proyectar su xenofobia.

La mejor forma de protegerlos es ir a la raíz del problema y revisar las carencias del actual sistema de acogida y adoptar medidas para garantizar una protección efectiva y evitar que caigan en situaciones de abandono. El problema radica en que una parte de los menores acaban viviendo en la calle. Solo en la ciudad de Barcelona se estima que hay cerca de un centenar. A ello se une el hecho de que, en cuanto cumplen los 18 años, los menores que viven en centros de acogida quedan sin tutela y en muchos casos sin medios de subsistencia.

Los datos de Cataluña indican la dimensión de un problema extrapolable al resto de España. Cuando acabe este año, 1.035 de los jóvenes bajo custodia de la Generalitat habrán alcanzado la mayoría de edad a lo largo del año, pero solo hay 170 plazas en pisos de inserción. Aunque se han habilitado planes de seguimiento que incluyen una prestación económica durante dos años y diferentes ayudas, la protección no alcanza a todos. De los 803 que cumplieron 18 años en 2018, el 54% siguieron teniendo algún tipo de ayuda y un 13% contaba con recursos propios o familiares, pero un 33% quedaron a la intemperie.

La percepción de inseguridad no se corresponde con la conflictividad real y por tanto debe combatirse la falsa idea de que todo el colectivo tiene problemas de delincuencia. Hay casos de inserción ejemplares. Pero hay que evitar que ese 18% de inmigrantes tutelados que en Cataluña ha tenido algún problema con la justicia pueda encontrar formas de vida seguras. Lo peor es abandonarlos a su suerte en las calles, porque eso deteriora su salud física y mental y les pone en riesgo de caer en la delincuencia. Es responsabilidad de toda la sociedad acompañar a estos menores para que puedan construirse una vida adulta, aquí o en su país, satisfactoria y productiva.

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