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Alquiler pactado

Solo una acción coordinada del Estado y los municipios frenará la especulación

Protesta contra la subida de alquileres en Berlín
Protesta contra la subida de alquileres en Berlín GETTYIMAGES

La vivienda, sobre todo el alquiler, constituye hoy un problema grave para las sociedades europeas, hasta el punto de que varias ciudades del continente (y de Estados Unidos, como Nueva York) estan reaccionando con cambios legales contundentes para frenar la subida disparada de los precios. Berlín y Lisboa son dos ejemplos de Ayuntamientos alarmados por la especulación y muy conscientes de que la vivienda es un factor de estabilidad social que no puede dejarse solo en manos del juego de la oferta y la demanda. El gobierno municipal de Berlín ha tomado una decisión especialmente drástica: ha congelado los precios de los alquileres durante los próximos cinco años, una medida que afectará a 1,5 millones de apartamentos. A grandes males, grandes remedios.

Puesto que la escasez de viviendas, sobre todo las dedicadas a alquiler, y la elevación de los precios impiden la emancipación de los jóvenes, obstaculizan la instalación de nuevos profesionales y frenan el crecimiento de la economía, la burbuja de la vivienda debe ser reducida con disposiciones legales bien estudiadas. En España, por ejemplo, los alquileres han subido el 30% en dos años; la mezcla tóxica de salarios bajos, subempleo y alquileres explosivos conducen a la exclusión social y al crecimiento del riesgo de pobreza. Existen, además, factores agravantes, como la presión de una demanda turística que busca alojamiento en el centro de las ciudades y el desarrollo de fondos inmobiliarios que operan con una regulación demasiado laxa en lo que a servicio público se refiere. Así pues, no es exagerado proclamar que la vivienda es un problema de Estado, que merece su intervención.

La decisión de Berlín se explica en parte por la fortaleza política del gobierno berlinés y por la presencia en toda Alemania de un mercado de alquiler muy desarrollado. Las diferencias notables con el desarrollo del mercado del alquiler en España aconsejan analizarla con cierta prudencia. En todo caso, el nuevo Gobierno —para asuntos como éste, es tan urgente que se forme—, los nuevos Ayuntamientos e incluso las comunidades autónomas tienen por delante un periodo legislativo durante el cual deberían pactar, intervenir y aplicar medidas políticas para combatir la explosión de precios. La más eficaz, merece la pena insistir en ella, consiste en aumentar la oferta pública de vivienda social, bien en propiedad, bien en alquiler, con el objeto de enfriar los precios y proporcionar soluciones a quienes buscan un lugar para vivir, y dotar de instrumentos legales a los Consistorios para actuar en las zonas más afectadas por la especulación.

Sería un error suponer que los precios se van a moderar por la acción descoordinada de los Ayuntamientos, aplicando medidas bienintencionadas pero dispersas. El problema de la vivienda se resolverá, y aun así con dificultades, cuando las administraciones colaboren entre sí y apliquen regulaciones congruentes con la idea de que la vivienda en España es un mercado desequilibrado y altamente especulativo. Para el Gobierno, la tarea es proponer una reforma del mercado de la vivienda. Y para los municipios, el propósito debería ser aumentar la oferta de suelo público para vivienda social, la aplicacion estricta de las normas sobre los pisos turísticos y la vigilancia de los desorbitados precios que reinan en algunas zonas. Lo que estrangula el desarrollo de la vivienda no es la regulación, todavía muy deficiente en España, sino la especulación.

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