‘Trackings’

Escribo esta columna en la víspera de las elecciones generales y solo sé una cosa con certeza. El Gobierno que salga mañana de las urnas debería abordar con urgencia la reforma de la ley electoral. No hablo ya de la reforma más evidente, la que debería haberse hecho hace décadas para evitar que unos escaños cuesten más, y unos votos valgan menos, que otros, sino de la absurda norma de suspender la publicación de encuestas durante los siete días previos a las votaciones. En la última semana, han llegado a mi teléfono y a mi correo electrónico varios sondeos anónimos, de esos que, ignoro por qué, ya no se llaman encuestas, sino trackings. Nadie sabe muy bien de dónde salen. Como su difusión es confidencial, un favor que un primer alguien le ha hecho a un segundo alguien que es a su vez cuñada de un tercer alguien, nadie se hace en absoluto responsable de la información que difunden. Tampoco de la desinformación, que parece su principal objetivo. Hemos llegado a tal locura que se supone que los propios partidos difunden, aunque sea a unos pocos elegidos, los sondeos que más les perjudican. A lo mejor estoy pensando mal, y existe de verdad gente así de inepta, pero tengo la impresión de que, al amparo de la impunidad que garantiza el anonimato de las redes sociales, lo que buscan es manipular a los electores, estrujar su voluntad, sus sentimientos, con estrategias alternas de pánico o de euforia. Esto solo es posible porque las empresas demoscópicas tienen prohibido publicar sondeos durante la última semana de campaña. Si se modificara esa norma, estas maniobras de intoxicación se desactivarían automáticamente. Podríamos ir a votar más y mejor informados. Con independencia de los resultados, todos saldríamos ganando.