Desorden laboral

A pesar de que el desempleo y la precariedad laboral son los problemas más graves de la sociedad española, las políticas de empleo han sido o inexistentes, cuando los Gobiernos han entendido que la responsabilidad de crear puestos de trabajo correspondía exclusivamente al sector privado, o ineficaces, por su escasa cuantía o su nulo desarrollo. En cuanto a los organismos públicos encargados de gestionar el mercado laboral, como las oficinas de empleo, han reducido tradicionalmente su función a tomar nota del número de parados y medir sus variaciones temporales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de confirmar lo que muchos ciudadanos sospechaban: es imposible saber cómo se gastan los 6.500 millones anuales destinados a políticas de empleo, y el sistema administrativo —del que las oficinas públicas constituyen la estructura visible— es un caos organizativo que impide saber cuál es la eficacia de dichas políticas.

La lógica elemental sugiere que la tarea principal de una oficina pública de empleo es colocar o recolocar a los parados. Sin embargo, solo el 2,1% de los trabajadores ha encontrado su puesto de trabajo a través de sus servicios. Las oficinas públicas están organizadas en España como centros donde el parado acude a registrarse para confirmar su derecho a recibir la prestación por desempleo y como ventanillas de recogida de datos estadísticos que después se difunden como “paro registrado”. Es evidente que la probabilidad de éxito para reducir el paro y aumentar la ocupación depende en gran parte de que los centros públicos sean capaces de gestionar con éxito el drama del desempleo. Para ello, tienen que fichar al parado, orientar su formación profesional y, por último pero lo más importante, buscarle un empleo adecuado. En la medida en que lo consiga, las oficinas cumplirán con su función y serán rentables. Por eso tienen que orientar su organización hacia la recolocación; es decir, tienen que utilizar la información abundante de que disponen para cruzar ofertas y demandas de empleo, seguir la trayectoria de cada trabajador registrado y reclamar el personal y los medios técnicos suficientes para cumplir con tales tareas.

La Airef denuncia caos organizativo en las políticas de empleo: desorden en las bases de datos, cruces de competencias estatales y autonómicas, falta de personal cualificado e imposibilidad en la práctica de identificar el dinero que se destina a políticas activas. De todas las políticas económicas, la de empleo es la que exige una información más completa sobre la evaluación de sus resultados. Es obligado saber si las decisiones tomadas y el dinero gastado son eficaces para aumentar la ocupación y corregir tales políticas cuando sea necesario.

Ventanilla única para gestionar la colocación y las ayudas sociales y volver a la obligación de que las empresas comuniquen sus vacantes a las oficinas públicas son los remedios que propone la Airef. Son, sin duda, acertados. Pero los Gobiernos en España habitualmente han considerado que su tarea estaba cumplida una vez que la ley o norma está en el BOE y la partida presupuestaria está aprobada. No se piden memorias económicas en cada proyecto, ni se vigila el cumplimiento de las normas ni mucho menos se evalúa su eficacia. Estas carencias, más el caos organizativo, son las que condenan a la irrelevancia a las políticas actuales de empleo.