Encrucijada fiscal

La política económica española se encuentra en una encrucijada tributaria central cuya elección es de urgente explicación por los partidos políticos en sus programas electorales y en las declaraciones de sus responsables, sin los disimulos ni las reservas mentales expuestas hasta ahora. No hay ningún otro punto en esos programas en el que se plantee con tanta determinación una política (bajar los impuestos) o la contraria (subirlos) como solución a los mismos problemas, lo que muestra cuánto hay de ideología en los asuntos relacionados con las finanzas públicas.

Estas habrán de afrontar próximamente un ajuste presupuestario de entre 10.000 y 12.000 millones si se quieren cumplir las obligaciones adquiridas previamente con la Unión Europea. La decisión política crucial es, básicamente, si ese ajuste se va a conseguir con más recortes del gasto público, lo que equivale en la práctica a disminuir la inversión pública y reducir todavía más la sanidad y la educación, o si será posible practicar ese ajuste, este año y los siguientes, aplicando un aumento de la presión fiscal de carácter gradual y repartida entre los diversos tributos existentes y niveles de renta, y creando otros relacionados con la economía verde. Más la necesaria lucha contra el fraude y la economía sumergida. Esta y no otra es la cuestión decisiva en la política tributaria y, por lo tanto, hay que exigir que la opción de cada partido sea clara y vaya acompañada de una memoria económica realista, no utópica, lo que implica un compromiso de gobierno.

Los partidos que proponen una reducción de impuestos optan indirectamente, pero sin ambages, por una política presupuestaria de recorte del gasto público. Por ejemplo, el PP ha presentado un programa que incluye una rebaja fiscal de 16.100 millones, aplicada sobre todo en los impuestos directos; Ciudadanos, por su parte, presenta un recorte de un punto en el tramo superior del IRPF y sostiene que en el futuro inmediato podrían reducirse además los tipos en las diferentes escalas del impuesto. Mientras sugiere un descenso de la tributación para las rentas más altas, entiende que se pueden aplicar ayudas fiscales a las familias, con un coste estimado de 2.400 millones.

Estas propuestas provocan incredulidad. No es un ejercicio político coherente perseguir el objetivo prioritario de descenso del déficit con políticas de recortes tributarios, aplicadas además en un sistema fiscal que está casi ocho puntos por debajo de la presión tributaria media europea. El argumento de que la menor recaudación se compensará con supresiones de organismos públicos obsoletos o ineficientes, da de sí lo que da de sí. En todo caso, se cambia una decisión inmediata y ejecutiva por otra voluntarista que, en el mejor de los casos, se cumpliría a muy largo plazo.

Los partidos que, como el PSOE o Podemos, proponen, cada uno con una graduación y formulaciones distintas, una subida de la presión fiscal precisan articular ese alza en una reforma fiscal armónica y completa, y a continuación explicar con detalle la finalidad de ese incremento fiscal y sus límites: hasta dónde. El mérito no está en subir sin más los ingresos, sino acercar la presión fiscal española a la media europea, logrando la convergencia.

El Estado de bienestar español, menor con relación al de los países de nuestro entorno, no soportaría otro ajuste del gasto público más, añadido al perpetrado por los Gobiernos de Rajoy. No se ha demostrado en parte alguna, más bien todo lo contrario, que una rebaja de impuestos provoque una subida de la recaudación. En el límite, ello sería teóricamente posible solo en un escenario en el que los salarios aumentan de forma sostenida, lo que no es ni mucho menos el caso. Por esa razón, quienes defienden las rebajas de impuestos han de acompañar en una columna paralela qué partidas presupuestarias anularán, qué parte del gasto social recortarán, y qué inversión pública no se hará. Teniendo en cuenta que en materia tributaria, más que en ninguna otra, no hay reformas paretianas (milagrosas) y que lo que dejan de pagar unos lo han de pagar los otros, en forma de más impuestos o menos protección.