Injerencias electorales

Si Facebook fuera una nación física sería la más poblada del planeta, con 2.200 millones de personas. El segundo país por número de habitantes podría ser YouTube, con 1.900 millones. Junto a Instagram, WhatsApp y Messenger formarían el G5 de las redes sociales. Según el Eurobarómetro, el 42% de los europeos y más del 80% de aquellos que tienen entre 15 y 25 años utilizan estos sistemas de comunicación a diario, lo que da una idea de hasta qué punto se han imbricado en la vida cotidiana.

Los datos ilustran la resolución, basada en un informe impulsado por el senador socialista José Cepeda, que ayer aprobó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El texto sostiene que las redes sociales no son solo “espacios de diversión” o “salas de chats sobre temas blandos”, sino que se han convertido en una extensión de la vieja esfera pública, proporcionando un privilegiado ámbito de discusión sobre asuntos políticos y sociales.

Fruto de dos años de trabajo, el documento intenta responder a la pregunta de si las redes sociales favorecen la conexión o son una amenaza para los derechos humanos, especialmente para la privacidad, la libertad de expresión y de información. Y alerta de la “censura arbitraria” que aplican las grandes plataformas al seleccionar ese ingente volumen de información diseminada que posteriormente compactan y suministran a los usuarios. Estas redes son también focos de distribución de noticias y por ello deberían suscribir responsabilidades de interés público sobre el papel editorial que desempeñan. Un ejercicio que no siempre es transparente.

Los analistas alertan de consecuencias perjudiciales para el bienestar individual y el funcionamiento de las instituciones democráticas derivadas de las redes sociales. Entre esos impactos perversos, los más nocivos siguen siendo el acoso cibernético, el aumento del discurso del odio, la incitación a la violencia, la desinformación y la injerencia en procesos políticos, incluidos los electorales. Para intentar frenar este fenómeno, el Consejo de Europa pide que compañías como Facebook o Twitter bloqueen las funciones de interacción si detectan casos graves de desinformación. El de la propagación de mentiras es un riesgo que afecta a todos los países sin distinción. España ha de estar en guardia ante la cita del 28-A.