Una SGAE útil

Después de meses de continuas advertencias, el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha los mecanismos para intervenir, de forma temporal, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la más importante entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. Para tomar las riendas del organismo, salpicado en los últimos años por un rosario de escándalos, el departamento que dirige José Guirao ha solicitado autorización a la Audiencia Nacional, que no tiene definido un plazo en el horizonte para aprobar la petición.

Cultura había reclamado a la SGAE en numerosas ocasiones que implementara sin dilación tres medidas: adaptar sus estatutos a la nueva normativa emanada de la Ley de Propiedad Intelectual, redefinir el reparto de las recaudaciones por la utilización del repertorio y modificar el sistema electoral para permitir el voto electrónico. Ante la inoperancia de los responsables de una entidad que gestiona los derechos de 120.000 socios y recibe anualmente alrededor de 300 millones de euros, Cultura no tenía más alternativa que actuar de manera taxativa.

La oleada de actividades poco ejemplares protagonizadas por directivos de la SGAE —algunos de los que ocuparon cargos relevantes están acusados de apropiación indebida— ha minado la imagen de una entidad en constante enfrentamiento con las cadenas de televisión, el sector que más dinero aporta a sus arcas. La intervención acarrearía la suspensión de sus cargos de los actuales gestores —cuyas funciones serían asumidas por una comisión interina— y se prolongaría durante al menos seis meses, tiempo en el que esa comisión deberá esforzarse en pacificar una organización cuya cúpula está enredada en una vorágine de conspiraciones y cazas de brujas que en nada contribuyen al buen funcionamiento de la sociedad.

Al Ministerio de Cultura le quedaban pocas opciones para intentar poner orden en la SGAE, atajar el cúmulo de irregularidades y aplacar las luchas de poder entre los diferentes colegios. En el fondo de las tensiones subyace una soterrada guerra entre las multinacionales y las editoras vinculadas a las televisiones. Estos conflictos han dejado en segundo plano los verdaderos problemas de los creadores, entre ellos la racionalización de los derechos digitales y la servidumbre que supone ceder la explotación de sus obras hasta 70 años después de la muerte del autor. Solo si se establecen normas justas de reparto, se defienden los intereses en el nuevo entorno tecnológico y se actúa con transparencia, la SGAE podrá salir de la maraña en la que se encuentra para recuperar la credibilidad perdida y sentar las bases de una defensa útil y eficiente de los derechos de propiedad intelectual.