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El otro iliberalismo

No hay conversación pública, hay intercambio de insultos. Y al que los profiere se le jalea después en las redes

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. EFE

Hay veces en las que algunas anécdotas se convierten en categoría. Primero estuvo el espectáculo en la elección del Consejo General del Poder Judicial, con la coda del WhatsApp de Cosidó; luego el show de Rufián en el Congreso. En ambos casos se nos puso mal cuerpo porque ya empezamos a sospechar que para entrar en la categoría de democracias iliberales no hace falta que se asiente un gobierno populista.

El fair play que exigen los mecanismos institucionales del control del poder se enfrenta a una creciente resistencia por parte de los partidos. Y, sobre todo, las astracanadas que proliferan en la red han contagiado a la configuración del debate público formal. El odio que aquellas escupen sin cesar ha salpicado ya a las instituciones. El gran éxito de los partidos populistas es que han conseguido situar sus temas en la centralidad de la discusión pública. Ahora sabemos también que nos están imponiendo sus maneras. Digámoslo claro: ¿Puede sobrevivir la democracia sin el soporte de una cultura política liberal?

Todo va tan rápido, que estas preguntas ni siquiera las planteamos. Porque, ya se sabe, siempre es el otro el responsable de este tipo de comportamientos. Y lo que se aprecia es un generalizado desprecio por valores tan centrales como el respeto debido a las opiniones del adversario, que ahora se señalan como desviaciones de una supuesta opinión verdadera; siempre, como es lógico, la nuestra.

A los liberales les debemos ese gran éxito civilizatorio de reducir todo pronunciamiento político a mera opinión; es decir, el rechazo a que se nos imponga una verdad o una única forma de vida, lo propio del pensamiento dogmático e inquisitorial. Por eso propugnaron el pluralismo como el auténtico principio regulativo de la democracia y la necesidad de limitar el poder como condición de posibilidad para que aquel se vea garantizado.

El respeto cívico de las opiniones, de todas ellas salvo las que aspiran a subvertir este principio, es la punta de lanza de una cultura liberal. Hoy, cuando la reacción automática a la expresión de la divergencia se acompaña de los gritos de “fascista”, “golpista”, y otros incluso menos amables, hemos entrado ya en terreno pantanoso. O cuando se arrojan descalificaciones destempladas al juez que no nos da la razón. Se le podrá criticar, claro, pero no privándole de su auctoritas. Pero eso es justo lo que se hace. Abominamos del otro y de las instituciones que deben arbitrar entre la siempre bienvenida discrepancia de opiniones e intereses.

Ya no creemos ni en Locke ni en Montesquieu. Su lugar lo ha ocupado el seguimiento ciego al interés de parte y el odio y resentimiento viscerales que rezuman por doquier. No hay conversación pública, hay intercambio de insultos. Y al que los profiere se le jalea después en las redes como a un torero chulesco que se dirige al ruedo para recibir los aplausos después de la faena. Y a más sangre, más aplausos. ¡Pobre democracia!

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