El pueblo manda y el Gobierno obedece

Faltan 180 días y todo está manga por hombro. Las posibilidades de que no haya acuerdo sobre el Brexit crecen a medida que se acerca la fecha fatídica del 29 de marzo. Los desperfectos afectarían, ante todo, al Gobierno responsable, el de Theresa May, con probable aprovechamiento para Jeremy Corbin, el líder laborista. La catástrofe ha sido ya calibrada por el propio Gobierno y es escalofriante en costes e inconvenientes de todo tipo para las empresas y para los ciudadanos británicos.

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No importa. Theresa May alardea de que no teme un Brexit súbito y sin acuerdo. Boris Johnson no se lo cree y denuncia el Brexit suave de Theresa May como una rendición, que permite el regreso por la puerta de atrás a la Unión Europea. May no cuenta con el consenso de casi nadie excepto de su Gobierno. No aceptan su proyecto los unionistas del Ulster, imprescindibles para la mayoría en Westminster, porque plantea una aduana marítima entre Irlanda y Gran Bretaña. No lo aceptan los brexiters como Johnson. Tampoco tiene el visto bueno de los 27.

Nadie quiere admitirlo, pero todo sería más fácil sin el tabú del segundo referéndum. May y Johnson coinciden en rechazarlo. Corbyn estaría dispuesto a admitirlo, previo paso por un adelanto electoral que le convirtiera en primer ministro. De ahí la trascendental pelea de estos días entre las dos conferencias, la laborista y la conservadora, en la que se confunden la continuidad de May y la negociación del Brexit.

El segundo referéndum suscita teorías para todos los gustos. Unos creen que debería servir para ratificar el acuerdo con Bruselas, pero nadie sabe decir qué sucedería luego si los británicos lo rechazan. Otros creen que hay que votar de nuevo la cuestión de la pertenencia a la UE, pero May y Johnson consideran un insulto a la democracia preguntar de nuevo al electorado.

Ni siquiera está claro qué pasaría si los británicos decidieran regresar a Europa. Para unos, el Brexit ya no tiene retroceso, mientras que para otros la petición formal de divorcio puede ser revocada por una decisión del Gobierno británico. El mensaje europeísta sería espectacular, pero es dudoso que pudiera recuperarse todo lo que ya se ha perdido en el camino.

El fundamento de todo el disparate son algunos equívocos que los británicos comparten con buena parte de los habitantes del planeta. Se trata de la idea simplona de que los conflictos en democracia se resuelven votando, tal como dice el recetario del populismo nacionalista, y la otra idea más retorcida de que una vez se ha pronunciado el pueblo en referéndum, nada puede revocar una decisión tan sagrada. Es decir, que el pueblo manda y el Gobierno obedece. La historia demuestra, en cambio, que los problemas se resuelven sobre todo por el funcionamiento regular del Estado de derecho y de las instituciones democráticas, entre las que se incluye la democracia representativa, y solo en determinados casos, más bien excepcionales, puede ser útil la democracia directa. Son ideas genuinamente británicas que los gobernantes británicos de hoy parecen haber olvidado.