Responsabilidad constitucional

La reforma de la Constitución para limitar la figura procesal del aforamiento, propuesta esta misma semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reabierto la controversia acerca de la actualidad de una norma aprobada cuatro décadas atrás, desbordando el alcance inicialmente previsto de la iniciativa. La multiplicación de las demandas de revisión que ha desencadenado desde diversos frentes políticos el anuncio del presidente Sánchez parecería sugerir que el texto constitucional no ha pasado la prueba de los años, confirmando algunos análisis reiterados desde la recesión de 2008 y la subsiguiente crisis institucional. La realidad es exactamente la contraria. Desde entonces hasta hoy, y en medio de la más grave depresión internacional desde 1929, la Constitución del 78 ha hecho posible la sucesión en la jefatura del Estado y la alternancia de partidos de distinto signo en todas las instancias de poder, incluidos aquellos que la rechazan. Las limitaciones que estos partidos han encontrado para aplicar su programa de máximos desde las instituciones que legítimamente gobiernan no son resultado de ninguna deficiencia democrática de la Constitución, sino de no haber articulado en torno a ellos una voluntad popular mayoritaria.

Ninguna norma jurídica, y menos aún una ley fundamental, puede ser sacralizada sin comprometer a medio y largo plazo la convivencia entre ciudadanos. Pero el riesgo simétrico de la sacralización es la trivialización de la reforma, concentrando la controversia política cotidiana en la transformación del marco constitucional y no en la pluralidad de programas de acción que caben en su interior, y entre los que unas realidades sociales siempre cambiantes exigen optar respetando las reglas. Hace ahora diez años que los ciudadanos comenzaron a descubrir la corrupción que había convivido en España con un progreso material sin precedentes, así como la fragilidad de algunos de los fundamentos económicos en los que se había basado su desarrollo. Responsabilizar de esas dos incontestables realidades al orden institucional puesto en pie por la Constitución del 78 oculta que ha sido éste el que ha permitido conocerlas y denunciarlas, expresar en las calles y en las urnas la repulsa que merecen, así como activar la maquinaria por la que están siendo juzgados sus responsables, sin que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, haya podido situarse por encima de la ley. La fortaleza de la que sigue dando muestras el sistema democrático de la Constitución no puede ser, por eso, un argumento ni a favor ni en contra de su eventual reforma, sino el criterio para medir los resultados de cualquier iniciativa que se adopte.

La Constitución del 78 fue a la vez la premisa y el resultado del tránsito desde una feroz dictadura a una democracia plena que los ciudadanos que lo hicieron posible, y que lo avalaron con su voto, no querían solo para sí mismos, sino también para que quienes vinieran después no se encontraran ante la desgarradora disyuntiva de resignarse ante un poder arbitrario o combatirlo poniendo en riesgo la libertad y, en ocasiones, la vida. Para desacreditar esta herencia hay líderes y fuerzas políticas que aseguran que la disyuntiva ha vuelto a reproducirse, olvidando que no son ellos las víctimas del poder de la Constitución del 78, sino quienes lo ejercen, victimizando a quienes no comparten su programa por la vía de ignorar sus derechos y de convertir mayorías coyunturales en irreversibles. El orgullo no es siempre un sentimiento compatible con las convicciones democráticas, puesto que el ejercicio de los derechos y los deberes de ciudadanía exige estar más atentos a los problemas pendientes de solución que a los que ya han sido resueltos. Sí lo es, por el contrario, la responsabilidad, de manera que no se dilapide lo mucho que España ha alcanzado bajo un pacto constitucional inédito en su historia.