Daños colaterales

La imagen pública de la Universidad Rey Juan Carlos ha quedado hecha añicos. El regalo descarado de títulos a políticos que podían ser influyentes, el uso que se ha hecho del dinero público y la falta absoluta de control sobre la gestión y los contenidos académicos del Instituto de Derecho Público justifican todas las críticas, y si algo hay que lamentar es que no se haya iniciado un proceso de depuración de la responsabilidad que en esos hechos tienen los máximos responsables de la universidad, tanto los actuales como los pretéritos. Su participación en un nuevo escándalo de convalidación fraudulenta del título a cientos de abogados italianos indica que las irregularidades iban más allá del polémico instituto. Pero el caso también nos ilustra sobre uno de los riesgos del debate público en España: que la falta de unos pocos se traduzca en el descrédito de todos.

La onda expansiva de la bomba putrefacta está alcanzando no solo a los departamentos y profesores de la propia universidad que hacen bien su trabajo, sino al conjunto de las universidades españolas. Los costes reputacionales no se circunscriben a los responsables del escándalo. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se ha quejado amargamente de que el suceso haya puesto bajo sospecha al conjunto de la universidad y de que esta haya sido utilizada como arma arrojadiza en la contienda política. Es lo que suele ocurrir cuando el debate público discurre a golpe de escándalo.

La denuncia pública de un caso como este debería servir para sanar la parte corrompida y establecer mecanismos que eviten su repetición. Pero las dinámicas que se generan en estos casos no son tan saludables como sería de esperar. El estallido del escándalo abre una fase de escrutinio público y pugna política que tiende a la compulsividad y la desmesura. Rápidamente se toma la parte por el todo y la extensión de la sospecha alimenta una de las peores termitas de la democracia: la idea de todos son iguales, de que todo está corrompido. Por supuesto que hay mucho que discutir sobre la universidad. Se puede y debe debatir si su estructura, su modelo de gobernanza y sus controles de calidad, por ejemplo, son los más adecuados para lograr los fines sociales a los que se debe. Pero no es este el formato más adecuado para abordarlos.