¡Es el mercado, no el CO2!

Ya pueden los especialistas en distracciones atribuir la subida del precio de la electricidad al encarecimiento del CO2, a las lluvias o a la sequía o a cualquier vistosa conjunción astral, que la causa del aumento imparable de la luz sigue estando donde estaba: en un mercado eléctrico mal diseñado, peor aplicado y controlado de forma pésima por el regulador, de forma que se permiten enjuagues con las ofertas, para que el kilovatio producido con agua se case en las ofertas a precio de ciclo combinado. Sería más acertado, en todo caso, atribuir la subida de la luz a una compensación que se autoconceden las empresas por la desaparición en julio de los pagos por capacidad. Parece demostrado que no se podrá controlar la extremada volatilidad del precio de la luz mientras no se cambie el relajado sistema actual de casación de oferta y demanda.

Que esta reforma sea posible hoy es otra cuestión; incluso quizá sea la cuestión. Un cambio hacia un mercado más proclive a los consumidores tendría que empezar por una sustitución del operador actual del mercado eléctrico. Causa perplejidad que el operador (OMIE) esté hoy dominado por las empresas que operan en él. Esto no debería ser así por principio, sea cual sea la influencia real de operador en la casación oferta-demanda. Haría bien este Gobierno, en la medida en que pueda acordar un cambio, acabar con una anomalía evidente según un principio elemental de regulación independiente. Entre otras cosas porque en la lógica de las compañías, cualquier encarecimiento de un factor de producción es siempre saludado con alborozo, puesto que ese precio, aunque solo aumenta para la eléctrica el coste de un factor, fija el precio marginal y, por tanto, aumenta los ingresos en otras tecnologías de producción. Y, por el contrario, cualquier aumento del coste de un solo factor se traslada multiplicado a los consumidores.

Y, si se esfuerza el Gobierno, podría incluso legislar incentivos para aumentar la duración de los contratos eléctricos. Es cosa averiguada que en Francia, por ejemplo —a diferencia de España, donde la mayoría de precios están sujetos a las variaciones del mercado—, una gran cantidad de la contratación eléctrica es de largo plazo, con un sistema de cálculo de precios que evita repercutir la volatilidad del precio en el recibo.