Sin máscaras

Los partidos y asociaciones que defienden la secesión de Cataluña no celebraron ayer la Diada de los ciudadanos catalanes, sino exclusivamente la de los independentistas. La manifestación convocada en Barcelona fue una prueba adicional de la ilegítima apropiación de una conmemoración que el sistema democrático español amparó de inmediato, nada más poner fin a la dictadura que la ignoró y la reprimió durante cuatro décadas. Para los organizadores de la Diada, no parece existir diferencia entre aquella situación y la de hoy, en la que los ciudadanos de Cataluña que salieron ayer a las calles de Barcelona dispusieron de sus derechos de expresión, manifestación y reunión para protestar de que no gozan de ellos, según rezaba paradójicamente el lema bajo el que fueron convocados. Si estos ciudadanos entienden que la marcha fue un éxito para el independentismo, por las mismas razones quienes se oponen a la secesión de Cataluña pueden considerar que lo fue sobre todo para el sistema democrático español, en la medida en que un acto como el de ayer fue realizado al amparo de sus libertades.

El ejercicio que hicieron de ellas los manifestantes demuestra además que los dirigentes independentistas sometidos a un proceso judicial no están en prisión o reclamados por la justicia por haber reclamado la secesión de Cataluña, puesto que eso es lo que se hizo en las calles de Barcelona; si se encuentran privados de libertad y a la espera de juicio es por haber querido imponérsela por vías de hecho a la mayoría de catalanes que la rechaza, privándolos de su libertad y de sus derechos mediante la derogación de la Constitución y del Estatut con una simple mayoría parlamentaria, convocándolos después a un referéndum ilegal y, en fin, tratando de extraer de unos resultados que solo les constan a ellos consecuencias políticas irreversibles para todos. Por lo demás, existen razones más que fundadas para lamentar que la crisis catalana llegara a los tribunales, donde lo que rige en democracia no es la política sino la ley. Pero es preciso recordar que, aunque por razones distintas, tanto contribuyeron a ello el Gobierno que durante seis años se abstuvo de adoptar cualquier iniciativa política que disuadiera a los independentistas de cometer este atropello, como los independentistas que, enardeciéndose con su propia propaganda, no dudaron en cometerlo.

El número de los asistentes a la manifestación de la Diada es una cuestión determinante para los independentistas y menor para quienes rechazan la secesión: en ningún caso la legitimidad democrática se obtiene de las calles, como tampoco de ninguna eventual asamblea establecida ad hoc interpretando que el voto que los ciudadanos emiten en un marco institucional sirve para cualquier otro marco que decidan arbitrariamente los electos. Esta Diada ha demostrado, sin embargo, que al independentismo que perdió el órdago de convocar unas elecciones plebiscitarias le puede estar costando mantener las magnitudes de las exhibiciones de masas.

Lo único que demuestran las manifestaciones organizadas desde un Gobierno y desde asociaciones que se conciertan con él es la necesidad de ejercer la autoridad con responsabilidad, que es lo que la Generalitat dirigida por Quim Torra parece rehuir una ocasión tras otra. Hasta ahora los independentistas se habían apropiado de la celebración de la fiesta nacional de Cataluña sin verbalizarlo. Esta vez lo han hecho por boca del president, y se han desenmascarado.