CIS e incompatibilidad

El nombramiento de un miembro de la comisión ejecutiva del Partido Socialista para dirigir el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) podría no ser objeto de objeciones de fondo si, nada más producirse la designación, el interesado hubiera abandonado los cargos donde desarrolla funciones similares a las que tendrá al frente del organismo público. Las razones que exigen establecer esa clara distinción en el caso del CIS, un instituto cuyos estudios demoscópicos son relevantes para las estrategias electorales de todos los partidos, no tienen que ver con la competencia ni el rigor personal de su titular, sino con la concepción de las relaciones que deben regir entre las estructuras políticas que suministran los cuadros a un Estado democrático y las instituciones cuya independencia es una exigencia imprescindible del servicio público que prestan.

El éxito de la moción de censura contra el Gobierno de un partido condenado por corrupción puso en manos del presidente Sánchez una oportunidad y una responsabilidad seguramente únicas de acabar con los usos políticos que, llevados al extremo por el anterior Ejecutivo, han terminado por perjudicar al sistema constitucional. Las tentativas iniciales de nombrar un nuevo presidente y un nuevo Consejo para la radio y la televisión públicas fueron un error, como reconoció la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El nombramiento al frente del CIS podría ser la segunda equivocación si tanto el Partido Socialista como el Gobierno convalidan la situación creada. Con el agravante de que, aunque el nuevo director del centro abandonase ahora sus funciones en la ejecutiva socialista, existiría un daño político ya hecho, en el sentido de que se habría sugerido a los ciudadanos que la pérdida del sentido institucional es un círculo sin salida.

Evitar que ese círculo se perpetúe es una tarea que corresponde al actual Ejecutivo en virtud de argumentos que nada tienen que ver con una supuesta superioridad moral, sino con el hecho rigurosamente político de que su llegada a La Moncloa se debe a una moción de censura contra un Gobierno que, además de sustentarse en un partido condenado por corrupción, manipuló las instituciones para posponer o evitar esa condena.

Gestionar las consecuencias políticas de la única moción de censura que ha prosperado bajo la Constitución del 78 es el inequívoco mandato que obtuvo Sánchez del Parlamento, y entre esas consecuencias ocupa un lugar destacado desmentir las sospechas que han sobrevolado las instituciones democráticas. Es una tarea que en estos momentos le corresponde sobre todo a él y a su Gobierno, porque, entre los grupos mayoritarios, el PP fue responsable del desprestigio que padece, Ciudadanos antepuso sus intereses electorales a la impostergable exigencia de desalojar del poder a un partido condenado, y Podemos ha dado muestras de que su denuncia de la ocupación del Estado por el Partido Popular sólo respondía a que no era él quien lo ocupaba. Algún partido tiene que empezar a actuar con las instituciones de otra manera, y la responsabilidad le corresponde hoy al que sustenta al nuevo Gobierno.