Fresas sin explotación ni acoso sexual

El relato de Filigrana: Las fresas amargas de Huelva

Este es el relato de cómo viven las temporeras marroquíes, las que recogen la fresa en Huelva. Una realidad que he conocido colaborando con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, y junto a otras organizaciones que implicadas en la defensa de los derechos sociales de las trabajadoras y trabajadores de la zona. Es una historia compleja y poliédrica, con muchas aristas. Existen muchos actores en ella, muchos intereses dispares; y construir un relato global como este siempre tiene sus riesgos.

Hay un importante motor económico en la venta de fruto rojo del que Andalucía no puede prescindir; hay miles de inmigrantes y autóctonos que necesitan los jornales del trabajo de la fresa para subsistir; una Administración Pública sin voluntad ni recursos para garantizar los derechos de todos los trabajadores; sindicatos que no quieren conflictos con la patronal; y voces de denuncias que no convienen a nadie.

En Huelva hay 7.000 hectáreas dedicadas a la agricultura intensiva, principalmente de frutos rojos. Son los famosos invernaderos de la fresa de Huelva. Una agricultura intensiva que produce el 95% de la producción de fresa española. Un modelo agrícola que el movimiento ecologista denuncia como insostenible por el uso intensivo que se hace de las reservas acuíferas de la provincia, entre otros factores.

A parir de la década de los noventa comienza este modelo de agricultura intensiva que convierte a esta zona en receptora de inmigración temporal para la campaña de recogida. En un primer momento, la mano de obra la componían portugueses y jornaleros andaluces. Tras el crecimiento económico que España experimentó entre los ochenta y los noventa, los españoles fueron abandonando progresivamente los trabajos duros y precarios del sector agrícola para buscar empleo en el sector servicios.

Fue ante esta necesidad que la Administración Pública implementó la contratación en origen de los temporeros. Este tipo de contrato permite a los empresarios de la fresa disponer de un cupo de trabajadores inmigrantes que tendrán una autorización temporal de residencia y trabajo para el tiempo que dure la campaña. Es una contratación colectiva que se realiza en los países de origen de las trabajadoras. Prácticamente la totalidad son mujeres.

Los primeros contingentes de trabajadoras fueron de Polonia, Rumanía y Bulgaria. A partir del año 2006, comenzaron a ser mujeres marroquíes. La patronal fresera se quejaba de que muchas mujeres de Europa del este no cumplían con sus contratos tras finalizar la campaña y no retornaban a sus países de origen, entre otros conflictos. Así, aquel año se puso en marcha el Programa de Gestión Ética de la Inmigración Temporera entre Marruecos y la provincia de Huelva y se firma el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartaya y la ANAPEC (Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y de las Competencias de Marruecos).

Se busca temporera casada, divorciada o viuda y con un hijo (menor de edad)

La patronal fresera establece el cupo de trabajadoras y requisitos que deben cumplir y la ANAPEC hace la selección. Son varios los requisitos imprescindibles para su contratación: ser mujer, ser originaria de un medio rural, tener experiencia en la agricultura, estar casada (con carta de autorización del marido), divorciada o viuda y poderlo justificar, y como requisito más importante, tener al menos un hijo menor. Estas condiciones permiten que tengan ataduras en su país, lo que condiciona que estas mujeres regresen a su hogar junto a sus familias. Unos criterios muy polémicos: somos muchas las voces que los consideramos inconstitucionales. Las solicitudes de los empresarios con los requisitos no están publicadas. La investigadora marroquí Chadia Arab confirma en su investigación que estos son los requisitos que aplica ANAPEC en la selección de mujeres. El Gobierno español no lo desmiente y la realidad se impone, todas las mujeres temporeras cumplen este perfil.

La patronal justifica la preferencia de mujeres porque son más idóneas para la delicada labor de la recogida del fruto rojo. Ellas, provenientes de entornos pobres y rurales de Marruecos, están en Huelva entre tres y ocho meses al año. Viven en las fincas donde trabajan, apartadas de los núcleos de población, lo que les impide establecer una clara diferenciación entre la vida privada y laboral. Algo que se ve reflejado en el hecho de que el empresariado valore cualidades relacionadas con el empleo del tiempo libre asociadas al estereotipo que existe sobre las mujeres de religión musulmanas, como que no salen mucho o no beben alcohol.

Es en este contexto donde se han producido recientemente las denuncias por acoso laboral y sexual a un empresario fresero por parte de un grupo de temporeras marroquíes. No es la primera denuncia que se interpone, ya existen sentencias de la Audiencia Provincial de Huelga condenando a otros empresarios por delitos sexuales y contra la integridad moral de las trabajadoras.

Los hechos probados de la sentencia 143/2014 de la AP de Huelva, por ejemplo, relatan que las trabajadoras efectuaban jornadas de diez horas, desempeñando las tareas propias de la explotación agrícola, no respetándose el tiempo mínimo para la comida o sin tener días libres ni paga por horas extraordinarias, no les permitían beber agua ni abandonar el puesto de trabajo, y las insultaban de forma constante: "Putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre", "hijas de puta, tontas, inútiles". Las sometían en la jornada laboral a una vigilancia estrecha hasta el punto de obligarlas a hacer sus necesidades en el mismo campo, impidiendo que se relacionasen con trabajadores de otras fincas o que abandonara la misma si no eran acompañadas, haciendo uso de la fuerza física en alguna ocasión y solicitando en otras favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo.

El grito sin eco de las braceras | España

Muchas de esas denuncias no prosperan, las mujeres no pueden permanecer en el territorio español una vez que acaba la campaña y la investigación judicial no continua. Las que en esta última ocasión han denunciado el acoso sexual, también denuncian el intento de deportación que se llevó a cabo por parte del empresario y que fue finalmente abortado tras la intervención de la Guardia Civil. Ahora, estos hechos están siendo investigados por Fiscalía.

Cercadas por el plástico: el status cautivo

Las temporeras se encuentran en una situación de vulnerabilidad alta pues toda su vida se desarrolla en las fincas alejadas de los centros urbanos y con restricciones a su movilidad. Esta realidad ha sido definida en otras latitudes como de status cautivo porque carecen de completa capacidad de movimiento. A este respecto, la Mesa de Integración, que engloba varias ONGs, denunció en su informe de 2017 que un 30% de las viviendas de las temporeras no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad.

Las Inspecciones de Trabajo son deficientes para un contexto de estas dimensiones, y los sindicatos mayoritarios no son rotundos en sus denuncias por miedo a poner en peligro los intereses de la patronal. Las voces de denuncias que se levantan no son oídas y en muchas ocasiones son acalladas en pos del desarrollo económico de la zona. Los y las sindicalistas del SAT acumulan en su experiencia durante estos años numerosos amenazas por parte de la patronal en su intento de informar a las temporeras de sus derechos. Todas estas circunstancias crean un panorama de impunidad donde los abusos proliferan sin ninguna garantía de derechos fundamentales.

Si ya de por sí muchas mujeres están expuestas a abusos en sus puestos de trabajo, el riesgo aumenta en la situación de vulnerabilidad que implica estar en una finca inaccesible, con la libertad deambulatoria limitada, con miedo a perder el trabajo y siendo inmigrante. Estas mujeres, como todas las demás, merecen nuestro apoyo. Y nuestra credibilidad.

Pastori Filigrana

Le preguntan muchas veces y sí, es su nombre real. Pastori Filigrana nació en Sevilla en 1981, estudió Derecho en la Facultad de esa misma ciudad y allí creó junta a otras compañeras Amuradi, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias. Después pasó por la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, por la Delegación Saharaua para Andalucía y trabajó con la comunidad gitana de Las Tres Mil Viviendas. Más tarde se metió a bregar en el Sindicato de Obreros del Campo y formó parte del Grupo 17 de Marzo [un grupo de juristas que se considera a sí mismo un "grupo de resistencia" en pos de los Derechos Humanos] y estuvo presente en la creación del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ahora trabaja en la Cooperativa Jarsia [jarsia es la palabra caló para justicia], un grupo de abogados con un planteamiento laboral que nace de la ética y que lucha contra los abusos políticos, hipotecarios y patronales.