Gobierno zombi

La Audiencia Nacional ha considerado probada la existencia de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” forjado por el Partido Popular y la red encabezada por Francisco Correa; la existencia de la caja B del partido; ha negado credibilidad al testimonio del presidente Rajoy; y ha condenado a 29 de los 37 acusados a altas penas de cárcel: 51 años en el caso de Correa y 33 en el del tesorero Luis Bárcenas, que asume también una multa de 44 millones. Su esposa, Rosalía Iglesias, afrontará 15 años de prisión.

El golpe no tiene precedentes en la España democrática. El mazazo alcanza sobre todo a la credibilidad del partido que ha gobernado este país entre 1996 y 2004 y desde 2011 hasta la actualidad, además de importantes comunidades autónomas y municipios. Otras piezas separadas han empezado ya y seguirán dando cuenta de irregularidades en la Comunidad Valenciana, la de Madrid y numerosos Ayuntamientos; pero la sentencia pronunciada este jueves, que afecta al juicio central del caso, coloca un foco potente y ya insoslayable sobre las miserias de una etapa y un estilo de las que los actuales dirigentes no pueden desvincularse ni quedar políticamente impunes.

A lo largo de nueve años de investigación, el actual presidente, Rajoy, la secretaria general, Dolores de Cospedal, y expresidentes autonómicos ya defenestrados por las sombras que arrojaron los casos, como Francisco Camps o Esperanza Aguirre, han negado los hechos, se han situado a la defensiva e incluso —con insoportables dosis de cinismo— se han declarado víctimas de los corruptos. La realidad judicial que siempre esperaron para salvarse de las críticas y sospechas durante la instrucción ya ha llegado, y es devastadora.

La negación de los hechos y el recurso a un pasado lejano y, supuestamente, superado, no puede continuar. Al igual que han hecho con la orden de detención del exministro Zaplana, los portavoces y responsables del PP intentan afanarse estos días para demostrar que aquellos barros no traen lodos y que todo es pasado. Pero la sociedad no puede aceptar el giro oportunista ni la pirueta dialéctica con los que intentan desvincularse de la era de Aznar, de la que el propio Rajoy es hilo conductor hasta el presente.

La sentencia desnuda el poder del presidente del Gobierno, que debería ser capaz de reconocer, no ya el daño y el robo causado a la sociedad que gobernaba, sino el vaciamiento de los pilares sobre los que lo sigue haciendo. Esta sentencia deja a Rajoy en una posición incompatible con la autoridad política y moral que se requiere para el ejercicio de su cargo.

El Gobierno estaba ya dañado por la gestión de la crisis independentista, por la debilidad de su situación parlamentaria y, desde ayer, lo está mucho más por una sentencia que señala negro sobre blanco la suciedad de finanzas del partido que lo sostiene, de la gestión que ha hecho de ese problema y la nula ejemplaridad que hoy ofrece a la sociedad. La justicia ha funcionado y debemos felicitarnos por ello. La política aún no lo ha hecho, y no puede seguir camuflada en la impunidad.