Acercar a presos etarras

La política penitenciaria es una de las herramientas en manos de un Gobierno que cuenta con suficiente capacidad de graduación como para poder abarcar desde la flexibilidad en casos puntuales y la capacidad de reacción por razones humanitarias o estratégicas hasta la máxima rigidez. Durante la democracia, los Gobiernos han desarrollado esas políticas penitenciarias de forma muy variada: Aznar acercó a 135 etarras a prisiones vascas durante la tregua de ETA de 1998-1999. La dispersión de los presos ha sido después la política en general de todos los Gobiernos, en paralelo al empecinamiento de la banda en continuar con el terrorismo o con su mera existencia sin pedir perdón.

En las últimas semanas, sin embargo, de forma previa al anuncio de disolución de ETA, el Gobierno ha contactado con los responsables de algunas prisiones para interesarse por la disposición de 40 de los 242 recluidos en España a aceptar las vías legales que puedan facilitar su reinserción. Se trata de 29 etarras que están ya en segundo grado penitenciario y de 11 con enfermedades graves. El Gobierno lo ha atribuido a una ronda de información rutinaria, pero las fuentes citadas por EL PAÍS niegan ese carácter “rutinario”. El acercamiento de los presos ha sido una constante reivindicación del PNV, partido clave para aprobar los Presupuestos.

Una medida de este tipo generaría quizá una reacción adversa por parte de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y de algunos partidos, que lógicamente exigen la colaboración de los etarras en el esclarecimiento de los 379 casos pendientes antes de cualquier actuación de esta naturaleza. La justicia y las fuerzas de seguridad deben seguir funcionando para esclarecerlos y para que los culpables cumplan la sanción correspondiente, sin olvidar que “las penas privativas de libertad y las medidas se seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, según el artículo 25 de la Constitución.

Nada de esto —ni la firmeza de las fuerzas de seguridad, de la justicia, ni del Gobierno— está en contradicción con la posibilidad de aplicar de forma siempre individual la flexibilidad que permite la ley con los detenidos dispuestos a abrazar “medidas de reinserción”, objetivo constitucional de la prisión. El ministro Zoido ha asegurado tras la publicación de EL PAÍS que “no habrá impunidad ni blanqueo de ETA”. Y que la política penitenciaria “será conforme a la ley”. Pero la flexibilidad también está dentro de la ley. El Estado, no olvidemos, ya ha vencido al terrorismo.