Ayuntamiento transparente

Para cualquier entidad que administra dinero público, la transparencia debe ser una obligación. Saber dónde se invierte cada euro, cómo se adjudican los contratos o quiénes son los beneficiarios de las subvenciones es imprescindible para garantizar la calidad de la democracia. Por el contrario, las sombras de duda deterioran la confianza de los ciudadanos en las instituciones que los representan. El Ayuntamiento de Madrid se ha visto salpicado por informaciones que vinculan a asesores y personas afines a Ahora Madrid con un intrincado entramado de cooperativas que se habrían beneficiado en los tres últimos años de varios millones de euros.

Por su menor cuantía, algunos de estos contratos no requieren legalmente la convocatoria de un concurso público. Esta circunstancia no puede ser, sin embargo, una argucia para agraciar a exsocios, amigos o colaboradores. Los vínculos políticos o idelológicos no deben ser en ningún caso el criterio por el que regir una licitación. El hecho de que algunas de las entidades favorecidas por el Ayuntamiento se ocupen de determinados servicios desde la época en la que el PP gestionaba la alcaldía no elude la necesidad de dar todas las explicaciones.

Para disipar sombras de sospecha sobre las conexiones entre este núcleo de cooperativas solidarias y el gobierno municipal, es preciso aclarar los lazos entre quienes otorgan el dinero público y quienes lo reciben. Las puertas giratorias son tan nocivas cuando las protagonizan ministros que fichan por grandes multinacionales como asesores que operan en la economía social.

Los partidos de la oposición, y también los medios de comunicación, están en la obligación de fiscalizar al poder. Tener la certeza de que el dinero público se administra con la máxima eficiencia social y económica es una garantía para todos los ciudadanos.