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Cuestionar una sentencia

La interpretación de la ley vigente y quien se encarga de imponer el castigo (o no) no están ni deben estar sujetos al criterio de la población

Concentración contra la sentencia en el juicio a la Manada, frente al ministerio de Justicia, en Madrid. rn rn
Concentración contra la sentencia en el juicio a la Manada, frente al ministerio de Justicia, en Madrid.

La labor del poder judicial en democracia es complicada. La interpretación de la ley vigente y quien se encarga de imponer el castigo (o no) correspondiente a quien la incumple son mecanismos contramayoritarios por definición: no están ni deben estar sujetos al criterio de la población. Que es, por demás, la que reina en un sistema democrático. Sistema que además existe para facilitar la evolución del texto de la ley de acuerdo con el eventual cambio en las preferencias de la ciudadanía. Porque ¿qué sucede cuando una decisión judicial se produce en contra de dichas preferencias en una sociedad abierta?

Hemos visto varios ejemplos en los últimos años en España. El de ayer en Navarra solo fue el último. Lo que suele pasar es algo así: un coro de voces indignadas se alza contra la decisión, mientras el mundo de los especialistas jurídicos combina la crítica técnica con una defensa de la independencia judicial que muchas veces lleva añadido un reproche a quienes hablan desde fuera.

El reclamo a criticar con fundamento y conocimiento, atendiendo a los expertos, siempre es razonable. Pero no se puede ni se debe esperar una ausencia de crítica no especializada. Tomemos la democracia más longeva: en Estados Unidos las sentencias forman parte del debate público de una manera natural, también por la importancia de la jurisprudencia que sientan en aquel país.

La crítica, eso sí, tiene que diferenciar claramente entre dos niveles para ser efectiva: por un lado está la propia decisión judicial, pero por otro está la ley en que se basa. ¿Qué es lo que nos parece mal? ¿El criterio del juez o el texto legal? Si cuestionamos lo primero, tenemos a disposición todo un sistema de apelaciones al que acudir. De nuevo siguiendo el modelo estadounidense, los casos que revisten particular interés o importancia pública son materia de acción para determinadas organizaciones de la sociedad civil, que se pueden implicar en la defensa o en la acusación.

Si, por el contrario, el objetivo es cambiar una ley que nos parece desfasada o injusta, entonces ya sabemos que donde debemos apretar es en otro lugar: en la carrera de San Jerónimo. @jorgegalindo

 

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