_
_
_
_
CLAVES
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Cuestionar una sentencia

La interpretación de la ley vigente y quien se encarga de imponer el castigo (o no) no están ni deben estar sujetos al criterio de la población

Jorge Galindo
Concentración contra la sentencia en el juicio a la Manada, frente al ministerio de Justicia, en Madrid.
Concentración contra la sentencia en el juicio a la Manada, frente al ministerio de Justicia, en Madrid. © Samuel Sanchez

La labor del poder judicial en democracia es complicada. La interpretación de la ley vigente y quien se encarga de imponer el castigo (o no) correspondiente a quien la incumple son mecanismos contramayoritarios por definición: no están ni deben estar sujetos al criterio de la población. Que es, por demás, la que reina en un sistema democrático. Sistema que además existe para facilitar la evolución del texto de la ley de acuerdo con el eventual cambio en las preferencias de la ciudadanía. Porque ¿qué sucede cuando una decisión judicial se produce en contra de dichas preferencias en una sociedad abierta?

Hemos visto varios ejemplos en los últimos años en España. El de ayer en Navarra solo fue el último. Lo que suele pasar es algo así: un coro de voces indignadas se alza contra la decisión, mientras el mundo de los especialistas jurídicos combina la crítica técnica con una defensa de la independencia judicial que muchas veces lleva añadido un reproche a quienes hablan desde fuera.

El reclamo a criticar con fundamento y conocimiento, atendiendo a los expertos, siempre es razonable. Pero no se puede ni se debe esperar una ausencia de crítica no especializada. Tomemos la democracia más longeva: en Estados Unidos las sentencias forman parte del debate público de una manera natural, también por la importancia de la jurisprudencia que sientan en aquel país.

Haz que tu opinión importe, no te pierdas nada.
SIGUE LEYENDO

La crítica, eso sí, tiene que diferenciar claramente entre dos niveles para ser efectiva: por un lado está la propia decisión judicial, pero por otro está la ley en que se basa. ¿Qué es lo que nos parece mal? ¿El criterio del juez o el texto legal? Si cuestionamos lo primero, tenemos a disposición todo un sistema de apelaciones al que acudir. De nuevo siguiendo el modelo estadounidense, los casos que revisten particular interés o importancia pública son materia de acción para determinadas organizaciones de la sociedad civil, que se pueden implicar en la defensa o en la acusación.

Si, por el contrario, el objetivo es cambiar una ley que nos parece desfasada o injusta, entonces ya sabemos que donde debemos apretar es en otro lugar: en la carrera de San Jerónimo. @jorgegalindo

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jorge Galindo
Es analista colaborador en EL PAÍS, doctor en sociología por la Universidad de Ginebra con un doble master en Políticas Públicas por la Central European University y la Erasmus University de Rotterdam. Es coautor de los libros ‘El muro invisible’ (2017) y ‘La urna rota’ (2014), y forma parte de EsadeEcPol (Esade Center for Economic Policy).

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_