La salvación al tormento de las trabajadoras domésticas en Malasia
Las asistentas sufren todo tipo de abusos desde que son reclutadas, pero ya se lanzan iniciativas para salvaguardar sus derechos
Adelina Lisao tenía 21 años y trabajaba como empleada doméstica en una casa en Penang, uno de los estados más desarrollados de Malasia. Llegó al país con 15 años desde un pueblo de pescadores de Indonesia, donde un traficante de personas le prometió un buen trabajo y una vida mejor. Sin embargo, durante estos seis años no recibió ningún salario por su trabajo ni pudo ponerse en contacto con su familia. El pasado 11 de febrero murió por una infección fruto de las heridas no tratadas por el presunto maltrato de sus empleadores.
Adelina era obligada a dormir en el suelo del patio, junto al perro de la familia. Al verlo, varios vecinos intentaron comunicarse con ella, pero parece que tenía demasiado miedo para responderles. Finalmente, el caso llegó hasta Tenaganita, una ONG local que trabaja por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata. “Cuando nuestro equipo estaba preparado para iniciar el rescate, recibimos una llamada de Steven Sim, un miembro del Parlamento que también había sido alertado y había visitado la casa el día anterior”, explica Glorene Das, codirectora de la organización. “Con él fuimos al domicilio, pero se habían llevado a Adelina. Gracias a nuestra buena relación por casos similares con la policía local, supimos que estaba en el hospital. Nuestros empleados y voluntarios hicieron turnos para que siempre estuviera acompañada e intentaron hablar con ella, que estaba aterrorizada. Teníamos todo preparado para que entrara en una de nuestras casas de acogida, pero al día siguiente murió”. Sally Alexander, ciudadana británica voluntaria de Tenaganita, la acompañaba el momento de su muerte y, en palabras de Steven Sim, fue "el último atisbo de humanidad" que al menos pudieron mostrarle.
En los últimos seis meses de 2017, una ONG ha rescatado a 85 mujeres de los hogares de sus empleadores
Lamentablemente, y en contra de las declaraciones del primer viceministro Ahmad Zahid, no se trata de un “caso aislado”. Solo en los últimos seis meses de 2017, en Tenaganita han rescatado a 85 mujeres de los hogares de sus empleadores. Los casos más habituales incluyen privación del día de descanso, privación de comida y atención médica; sustitución del contrato que firmaron en el país de origen por otro con peores condiciones al llegar; salarios no pagados; retención del pasaporte y aislamiento.
En 2009, el Gobierno de Indonesia prohibió la entrada de trabajadoras domésticas a Malasia por las repetidas informaciones de abusos que se hicieron públicas a través de la prensa. En diciembre de 2011, Indonesia levantó el veto tras llegar al compromiso de que Malasia las protegería de manera más efectiva, pero los delitos de maltrato no han cesado. En 2012, también en Penang, el cuerpo de Mey Sichan, ciudadana camboyana de 24 años, fue encontrado en casa de sus empleadores, quienes le habían privado de comida hasta que falleció. La pareja fue condenada a pena de muerte, pero, finalmente, solo tendrán que cumplir 10 años de prisión tras la consideración unánime de la corte federal de que se trata de un caso de homicidio culpable y no de asesinato.
Tras la reciente muerte de Adelina, Indonesia amenaza con imponer de nuevo el veto ante el miedo del Gobierno malasio y las agencias de contratación. Según Jeffrey Foo, director de PAPA, la Asociación de agencias de contratación de trabajadoras domésticas extranjeras, en 2016 había 50.000 empleadas procedentes de Indonesia en el país. Las familias malasias prefieren contratar a mujeres indonesias antes que a filipinas o camboyanas por las similitudes culturales, de religión e idioma.
En Malasia, la normativa de 1995 que regula el trabajo de las empleadas domésticas las define como sirvientas domésticas. “Que no estén identificadas como trabajadoras solo contribuye a la idea de que el empleador las puede tratar como esclavas”, afirma Glorene Das. Actualmente, no hay políticas que regulen el reclutamiento, colocación y contratación de las trabajadoras migrantes, lo que ha convertido a Malasia en un punto caliente de trata de personas en el sudeste asiático. “Llevamos dos décadas instando a las autoridades a tomar medidas, haciéndoles recomendaciones… Pero no se lo toman en serio. ¿Están comprometidos con proteger a las trabajadoras migrantes o solo las ven como un medio para el beneficio económico del país?”, se pregunta Das.
Tenaganita está trabajando con otras organizaciones en una propuesta de ley para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas. “Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos en modificar el Acta de Empleo porque, en ciertos aspectos, no podían cumplirse los requisitos que se exigen a otros ámbitos laborales. Por ejemplo, el Acta regula las inspecciones que deben hacerse en el lugar de trabajo, pero eso no se puede hacer en este caso porque son hogares privados”, explica Das. Lo que proponen es una ley que provea de un tipo de contrato único donde se expongan claramente los derechos de las trabajadoras. “Los contratos suelen indicar que los empleadores deben proveer comida adecuada y condiciones de vida apropiadas. Necesitamos que sea específico: cuatro comidas al día, una habitación con una cama, ¡no durmiendo en el patio con el perro!”, se indigna.
La camboyana Mey Sichan fue encontrada sin vida en casa de sus empleadores; le habían privado de comida hasta que falleció
Ayu conoce bien qué significa sentirse aislada después de trabajar más de un año y medio en una casa donde le encerraban por fuera cada día. “Sé que si hubiera habido un incendio o una inundación, habría muerto seguro”, afirma. Ayu llegó desde Surabaya (Indonesia) en 1998 buscando un futuro mejor para sus hijos: “Vine para hacer feliz a mi familia, somos pobres y solo tengo la educación primaria, por lo que era difícil para mí encontrar un trabajo en Indonesia”, explica. Cuando desembarcó en Malasia, su empleador se quedó con su pasaporte y le comunicó que durante los tres primeros meses no cobraría porque esa cantidad correspondía a los gastos por las gestiones de su contratación. “Esto no aparecía en el contrato, me lo comunicaron verbalmente. Lo cierto es que nunca cobré mi salario, mis jefes decían que lo retenían para que al volver a mi país tuviera una gran cantidad de ahorros, pero no fue así. Mi hijo tuvo un accidente y cuando les pedí dinero para enviarlo a mi familia y dos semanas libres para visitarle, me lo denegaron todo”, recuerda.
Ayu reconoce que se planteó suicidarse muchas veces. “Un día estaba lavando el coche y un hombre se dirigió a mí para que lo moviera creyendo que era mío. Cuando le dije que era la asistenta, me preguntó qué tal estaba en mi trabajo y le conté todos mis problemas. Me recomendó huir de la casa, pero tenía mucho miedo, ¿y si me arrestaban? Una noche, Dios me ayudó porque mi jefe se dejó la puerta abierta y me fui. Reconozco que robé 20 céntimos para llamar a una amiga y así me pude reunir con ella en la calle”, recuerda.
Ayu, empleada doméstica, reconoce que se planteó suicidarse muchas veces
Han pasado 20 años y, sin embargo, Ayu reconoce que sigue traumatizada por su experiencia. “Desde entonces, mucha gente me ha ofrecido trabajar en casas, pero tengo demasiado miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. Solo espero que las autoridades de Malasia cambien las normas para que lo que me pasó a mí, no le pase a nadie más”, afirma.
Proteger a las empleadas de hogar
Zenna Law tiene 24 años, pero está decidida a crear una alternativa humana, responsable y transparente para la contratación de empleadas domésticas en su país. Recién llegada a Kuala Lumpur después de cuatro años estudiando en Londres y Moscú, está poniendo en marcha Pink Collar, junto con otras dos chicas tan jóvenes como ella. Llevan unos meses de andadura, pero su idea ya le ha hecho ganadora de la Cumbre de la Juventud del Banco Mundial 2017.
Fue durante su año en Moscú cuando conoció las durísimas situaciones que afrontaban las empleadas domésticas filipinas en la ciudad. “Me uní como voluntaria a una organización social que apoyaba a trabajadores migrantes y, al conocer sus historias, empecé a preguntarme ¿por qué esta industria es tan informal en todo el mundo? No tiene sentido, son trabajadoras pero no cuentan con ningún tipo de protección”.
Su proyecto, aún en fase piloto, consiste en crear una plataforma para poner en contacto a empleadas y familias empleadoras donde puedan interactuar directamente en un espacio seguro. “Ambas partes tendrán que rellenar un cuestionario para que sepan qué necesidades tienen los contratadores y qué habilidades las potenciales trabajadoras. Hay algunos filtros, como que no admitimos hogares en los que entren menos de 7.000 ringgit mensuales (unos 1.450 euros). La idea es que si no puedes pagar a una trabajadora doméstica, no la tengas”, sostiene Zenna.
En el proceso de contratación de Pink Collar, ambas partes deben pasar sendas capacitaciones sobre cuáles son los derechos de las asistentas. “Si tienen problemas o echan de menos su hogar, saben que pueden recurrir a nosotras. También hacemos de mediadoras entre ellas y las familias si hay algo que necesitan hablar”. El objetivo final de Pink Collar va más allá: “Muchas tienen planes como abrir negocios en sus países de origen, pero es difícil porque están dando su mayor recurso, que es su tiempo. Queremos ser capaces de darles oportunidades educativas que puedan compaginar con su trabajo para mejorar sus vidas. Solo así podremos romper este ciclo de desigualdad”.
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