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Así se roba el agua subterránea

Greenpeace denuncia que más de 3.570 hectómetros cúbicos son extraídos de los acuíferos en pozos ilegales en España cada año y que hay una "falta de control" de la Administración

Un pozo ilegal el Doñana.

"Buscas en internet o en las páginas amarillas empresas de pozos y sondeos, que las hay a cientos en toda España, las llamas y te hacen un pozo sin un registro, sin un control, sin nada". Así de contundente se muestra Julio Barea, portavoz de Greenpeace, preguntado sobre cómo se roba el agua subterránea en el país. Uno de los mayores problemas que acarreará el cambio climático es precisamente la escasez de agua. Una escasez que ya empieza a manifestarse con largos períodos de sequías como los vividos durante 2017 en el territorio español. Barea apunta a los acuíferos como uno de los principales puntos de abastecimiento llegado ese momento, pero la sobreexplotación de las aguas subterráneas con los pozos ilegales "podría acabar o contaminar esos recursos que son las reservas estratégicas de un futuro que está ya prácticamente aquí". 

Un pozo ilegal es aquel que se ha hecho sin autorización administrativa y no tiene control ni supervisión por parte de las Administraciones Públicas para saber cuánta agua se está extrayendo. Greenpeace alerta del peligro que supone para el abastecimiento futuro el robo de agua mediante estos pozos ilegales, con motivo de la celebración este jueves del Día Mundial del Agua, y anima a los ciudadanos a denunciar estas infracciones a través del portal Filtrala.

La ONG advierte de que los últimos datos públicos sobre el número de pozos ilegales se remontan a 2006, cuando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente admitió la existencia de 510.000. Según Barea, los estudios de su organización apuntan a que se cifra podría ser de más del doble y denuncian "la falta de control" y la "dejadez" de las Administraciones Públicas para investigar y cuantificar este tipo de infracciones.

Los pozos se diferencian en dos grandes grupos. Aquellos que extraen menos de 7.000 metros cúbicos, que solo necesitan de una autorización administrativa y un simple contador; y aquellos que superan esa cifra y que requieren de un control exhaustivo por parte de las Administraciones, que corresponden a grandes explotaciones ganaderas o agrícolas y pueden tener una afección muy grande sobre los acuíferos. Pero desde Greenpeace advierten de que "solo se persigue al pequeño agricultor" y denuncian que se hace la vista gorda con las grandes empresas con pozos. "No se está atajando el problema de raíz, apenas hay sanciones", sentencia Barea.

El Ministerio responde

Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente apuntan a que se están invirtiendo esfuerzos para clausurar estos pozos. Según sus datos, en el entorno de Doñana se han cerrado unos 250 pozos y 11 depósitos privados, "contribuyendo a la recuperación de sus acuíferos". Respecto a la cuenca del Segura, su Confederación Hidrográfica ha tramitado, desde 2013, orden firme de clausura para un total de 300 pozos. En la del Tajo, se han incoado 117 expedientes sancionadores en los tres últimos años — 61 en 2015, 33 en 2016 y 23 en 2017—. En cuanto a la demarcación del Guadiana, se han clausurado 87 pozos desde 2010. Y en la cuenca del Júcar, se han registrado 59 expedientes sancionadores sobre derivaciones o extracciones de aguas sin título legal que lo ampare.

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