Abrir los archivos oficiales
La ley que regula la desclasificación de documentos públicos es incompatible con las prácticas democráticas
Los secretos oficiales son en España inaccesibles y perennes. Con algunos retoques preconstitucionales, la ley que los protege data de 1968. Para la dictadura franquista, mantener cerrada la puerta de la historia a los investigadores formaba parte de su propia supervivencia, pero ese oscurantismo resulta incompatible con las prácticas democráticas. Con 40 años de retraso, el Congreso de los Diputados ha desbloqueado una iniciativa presentada por el PNV hace 18 meses para comenzar la tramitación de una nueva ley que ponga fin a una normativa obsoleta, anómala e injustificable.
Editoriales anteriores
España no tiene establecido un procedimiento automático que permita la desclasificación de documentos e informes públicos. El texto que ahora empieza a andar en el Congreso prevé un plazo máximo de 25 años, con la posibilidad de que en casos determinados los secretos oficiales se puedan prorrogar otros 10 años siempre y cuando cuente con una decisión “excepcional y motivada” del Consejo de Ministros. Salvaguardar la información delicada o que afecte a la seguridad del Estado es una cuestión indiscutible. Pero no todos los documentos requieren el mismo grado de protección.
La ley que permitirá abrir los archivos que albergan documentos secretos, reservados, confidenciales o de difusión limitada no solo es una exigencia de transparencia y acceso a la información de todos los ciudadanos. Es también la justa respuesta a una vieja reclamación de la comunidad académica. Los historiadores han visto demasiadas veces obstaculizadas sus investigaciones por la inexistencia de una ley que establezca el momento preciso en el que puedan indagar en los archivos custodiados.
La reforma beneficiará de manera especial a los historiadores españoles que a menudo se han visto obligados a bucear en registros y ficheros extranjeros para saber lo que pasó en su propio país.
