Debate decepcionante

Hay varias razones para considerar decepcionante el debate de ayer sobre pensiones en el Congreso. La primera de ellas fue la escasa capacidad de respuesta política del presidente del Gobierno. Sus propuestas, cuyo objetivo es ganar tiempo y presionar para encontrar apoyos en el Presupuesto, no resuelven el conflicto inmediato planteado por los pensionistas en la calle. Subir las pensiones mínimas con el IPC sería, en todo caso, un punto de partida para aliviar las tensiones; elevar las de viudedad es también una exigencia mínima; y conceder ayudas fiscales a los pensionistas aliviará a algunos pero no resuelve el problema de fondo.

El segundo motivo de decepción es la incapacidad de la oposición de ofrecer un discurso articulado y un cuadro de propuestas coherentes para poner en aprietos al Gobierno y resolver un problema muy complejo, que no puede ser reducido a una discusión sobre la revalorización de las prestaciones según el IPC. Las intervenciones de la oposición apenas pasaron de ese nivel; y cuando lo sobrepasaron (Ciudadanos) sus propuestas de reducción fiscal fueron esgrimidas casi como motivo de un rapapolvo político a PSOE y Podemos. Los partidos de la oposición prefieren simplificar el problema antes de enfrentarse a él.

La intervención y las contestaciones de Rajoy, que definen claramente sus intenciones, pueden resumirse así: no habrá marcha atrás en la reforma de 2013, lo cual implica mantener la subida máxima del 0,25% y el factor de sostenibilidad; no habrá subidas indexadas al IPC, porque las cuentas públicas no pueden permitírselo; la mejor política para sostener el sistema de pensiones es aumentar el empleo; y su Gobierno nunca ha bajado las pensiones. Pero la revalorización de las pensiones es un derecho y subirlas el 0,25% difícilmente puede entenderse como revalorización; la creación de empleo no garantiza el futuro de las pensiones, porque los factores que estrangularán el sistema a medio y largo plazo son el crecimiento demográfico y el aumento del tiempo durante el que el pensionista percibe la prestación, que tiende a prolongarse por el alargamiento de la esperanza de vida. Y tampoco es aceptable el argumento de que “no hay recursos”, porque el PP ha seguido por sistema una política fiscal de reducción de ingresos, con sucesivos recortes impositivos.

La presión demográfica, más la longevidad, más el coste creciente de las pensiones nuevas sobre las actuales, más la precariedad del empleo conducirán sin remisión hacia un escenario de prestaciones recortadas en un 30% o un 40% en el plazo de 15 años. Hay que tomar decisiones políticas acordadas —en el Pacto de Toledo— con carácter inmediato: pasar las pensiones de viudedad y orfandad a presupuestos; imponer el cumplimiento efectivo de la jubilación a los 67 años en el plazo pactado; suprimir las bonificaciones y tarifas planas del sistema concedidas a la creación de empleo; elevar las cotizaciones más elevadas topando la prestación, y retocar la reforma laboral para estimular la creación de empleo estable y subidas salariales (donde lo permita la productividad). Estas y otras medidas son complejas, difíciles de pactar; pero son el principio de la salvación de las pensiones.