La bomba de relojería de Gaza

La Administración de Trump ha pasado de las palabras a los hechos. Después de varios meses amenazando con cortar la ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha decidido reducir de manera considerable la contribución que Estados Unidos le venía prestando, que en 2017 superó los 350 millones de dólares. Las consecuencias de esta temeraria decisión no tardarán en sentirse en los campamentos palestinos, ya que la UNRWA podría verse obligada a reducir los servicios que, desde 1950, viene ofreciendo a los refugiados, indispensables para garantizar la seguridad humana de cinco millones de personas. Aunque su impacto se dejará sentir en todos los lugares donde opera esta agencia onusiana (es decir, en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la franja de Gaza), el impacto será mucho mayor en esta última zona, que se encuentra en una situación mucho más vulnerable que las demás como resultado del implacable bloqueo que sufre desde hace más de una década.

Pierre Krähenbühl, comisionado general de la UNRWA, ha descrito la desesperada situación en la que se encuentra Gaza como “una bomba de relojería”. En esta pequeña franja mediterránea de apenas 365 kilómetros cuadrados se hacinan más de dos millones de personas (el 70% de ellos, refugiados), lo que la convierte en la tercera zona más densamente poblada del mundo tras Singapur y Hong Kong, aunque ni por asomo disfruta de sus niveles de vida. Desde que fuera declarada entidad hostil en 2007, Israel ha lanzado tres campañas militares —Plomo Fundido en 2008, Pilar Defensivo en 2012 y Margen Protector en 2014— que han tenido un elevado coste en términos humanos y han provocado la destrucción de miles de viviendas, agudizando los problemas endémicos de la franja de Gaza.

A pesar de que el Derecho Internacional establece que la Potencia ocupante debe garantizar el derecho a la salud, la educación, el trabajo y unos estándares de vida adecuados, lo cierto es que la población de Gaza padece una situación desesperada. Las cifras hablan por sí solas. El 80% de sus habitantes dependen de la ayuda humanitaria, el 47% viven bajo el umbral de la pobreza y el 41% están desempleados. También es alarmante la falta de agua y electricidad: el 95% de los acuíferos no son aptos para el consumo, y la única planta eléctrica operativa, que ha sido bombardeada en varias ocasiones, tan sólo produce 65 megavatios diarios, una décima parte de las necesidades reales de Gaza, por lo que la población tan sólo dispone de cuatro horas de electricidad al día, lo que impide cualquier tipo de actividad industrial y también tiene efectos nocivos en la educación y la sanidad, con cientos de escuelas y quirófanos sin luz. La falta de combustible impide, a su vez, el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento, lo que provoca que cada día se viertan al Mediterráneo millones de metros cúbicos de aguas residuales: una catástrofe medioambiental de incalculables consecuencias.

La comunidad internacional ha fracasado a la hora de mitigar el sufrimiento infantil

El reloj corre mientras la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado. Según el informe Gaza in 2020: A Liveable Place?, publicado hace cinco años por la ONU, “la franja de Gaza será inhabitable en 2020 a menos que se modifique la situación actual”, puesto que “la demanda de electricidad se duplicará, el daño del acuífero costero será irreversible y cientos de nuevas escuelas y servicios sociales serán necesarios para dar servicio a una población creciente”. Debe tenerse en cuenta que el 50% de sus habitantes tienen menos de 18 años de edad y prácticamente la mitad de ellos han nacido en la última década, de tal manera que han vivido toda su vida completamente aislados del mundo y bajo el bloqueo.

Según Save The Children, “un millón de niños sufren condiciones de vida inadecuadas en Gaza” debido a la falta de electricidad, la insalubridad del agua y la polución del mar. Lejos de buscarse soluciones, las condiciones empeoran cada día: “La comunidad internacional ha fracasado a la hora de reaccionar al sufrimiento de los niños palestinos en Gaza. Por esta razón, urgimos a Israel a levantar el bloqueo y a las autoridades palestinas e israelíes a proporcionar los servicios básicos a la población de Gaza”. A pesar de la gravedad de la situación, la comunidad internacional ha hecho oídos sordos a este llamamiento. El deterioro de las condiciones de vida de Gaza también ha tenido otros efectos colaterales, entre ellos el aumento del número de suicidios y divorcios, así como la multiplicación de casos de violencia de género.

Debe subrayarse que esta crisis humanitaria no es fruto de una catástrofe natural, sino resultado de una estrategia deliberada para empobrecer a la población y colocarla en una situación de absoluta dependencia. La Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv señalaba en un cable diplomático en 2008 desvelado por Wikileaks cuál era la intención de dicha política: “Los funcionarios israelíes han confirmado en reiteradas ocasiones a miembros de la embajada que su objetivo es mantener funcionando la economía de Gaza al nivel más bajo posible para sortear una crisis humanitaria”.

El 47% de sus habitantes vive bajo el umbral de la pobreza y el 41% no tiene trabajo

De acuerdo con esta lógica, Israel ha destruido de manera sistemática las estructuras económicas de la franja de Gaza y su tejido productivo hasta hacerla dependiente por completo del exterior. Los sectores que tradicionalmente tiraban de la economía, como las manufacturas, la agricultura o la pesca, se han convertido hoy en día en irrelevantes. Israel ha cerrado a cal y canto las fronteras marítimas y terrestres, impidiendo la libertad de movimiento tanto de mercancías como de personas y causando un grave perjuicio a su economía. Mientras que en Cisjordania la economía ha crecido un 48,5% en la última década, en la franja de Gaza ha retrocedido en este mismo periodo un 5,3%. Este contraste no es casual, sino que obedece a “la paz económica” promovida por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, basada en ofrecer ciertas ventajas en el caso de que las autoridades palestinas se comprometan a garantizar la seguridad israelí.

Por todo ello cabría preguntarse qué expectativas de futuro se está ofreciendo a la población de Gaza, la mitad de ellos menores de edad, más allá de la pobreza, la desesperación y la impotencia. ¿No ofrece este sombrío escenario un caldo de cultivo idóneo para la penetración de los diferentes grupos radicales que operan en la región? El propio teniente general Herzi Halevi, responsable del Directorio de Inteligencia Militar israelí, ha advertido: “Israel será el primer afectado cuando la situación estalle”.

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes en la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Próximo y Magreb en la Fundación Alternativas.