Una investigación ineludible

El 17 de agosto de 2017 murieron en Barcelona y Cambrils dieciséis personas y decenas quedaron heridas en los peores atentados terroristas que ha sufrido España desde marzo de 2004. A los pocos días de los ataques en Cataluña quedó acreditado que si la coordinación entre instituciones hubiera funcionado correctamente y la policía no hubiera cometido ciertos fallos quizá se podría haber reducido el dramático impacto de aquellos ataques. Cinco meses después, sin embargo, los responsables públicos siguen sin promover una investigación parlamentaria de lo ocurrido.

Las comisiones de investigación en España generan cierta frustración y tienden a ofrecer un magnífico campo de batalla a las fuerzas políticas. Pero conducen a un bien mayor a defender: analizar los fallos y aprender de los errores. Así —junto a los análisis policiales— es como todos los países civilizados han ido afinando su arsenal antiterrorista y así lo hizo España tras el 11-M. De ahí que la propuesta de Ciudadanos de crear una comisión de investigación sea una buena iniciativa. Son comisiones que deberían estar incorporadas de manera automática a los usos democráticos.

El análisis del comportamiento de los terroristas y del funcionamiento del Estado frente a ellos requiere una gran capacidad de autocrítica que redunda en una mayor seguridad para la ciudadanía. Pero algunos partidos están presos de una visión cortoplacista. El PP y el PSOE son reticentes a la comisión. Los socialistas lo hacen, sorpresivamente, para no debilitar la lucha antiterrorista, dicen, con la confrontación política. Mucho peor es la actitud del último gobierno de Puigdemont tratando de destruir la prueba de que Estados Unidos alertó sobre el peligro de un atentado en las Ramblas de Barcelona en vez de analizar el tratamiento de ese tipo de advertencias. Detalles, en definitiva, que pueden salvar vidas.