Ataque a la libertad de información

La sentencia dictada por un juzgado de Barcelona en la que se obliga al diario EL PAÍS a publicar la versión de TV3 sobre una crónica crítica con la programación de la televisión pública catalana es una mala noticia para el periodismo. Si cualquier persona, empresa o institución a la que no le guste una información difundida por un medio de comunicación, por mucho que esta pueda ser cierta, encuentra amparo en los tribunales invocando el derecho de rectificación, la libertad de expresión se ve seriamente amenazada.

Estamos ante una sentencia desproporcionada —que EL PAÍS recurrirá inmediatamente—en la que se admite que no se duda de la veracidad de lo que se publica y que, pese a ello, exige reproducir una versión de TV3, independientemente de que esta sí pueda ser falsa. El asunto es más grave aún dado que el demandante es un medio de comunicación, que tiene ya por tanto la capacidad de dar su propia versión, y además un medio de comunicación público que no acepta un análisis crítico de sus contenidos. Llevado esto al extremo, sería el final del género de la crítica de cualquier espectáculo cultural, deportivo o social. El fallo supone un inaceptable atentado contra el derecho a la información.

TV3, una compañía pagada con el dinero de todos los catalanes, demandó a EL PAÍS en diciembre por una crónica publicada el 12 de noviembre bajo el título Una semana en la burbuja de TV3 en la que se repasaba minuciosamente los contenidos emitidos por la televisión pública durante esos días. La cadena considera que las informaciones difundían hechos “inexactos y falsos”, enumerando siete apartados que abarcaban desde la convocatoria de la huelga general en Cataluña hasta la fuga de empresas. EL PAÍS, que hoy en sus páginas rebate uno por uno los argumentos de TV3, expuso que los artículos expresaban un análisis crítico partiendo de la visión de una persona que había estado siguiendo TV3 durante una semana y de las resoluciones de la Junta Electoral, que había sostenido que la cadena pública no respetaba la neutralidad informativa.

La sentencia admite que “no entra a analizar la veracidad de las manifestaciones” y no supone que la información publicada sea incierta o no veraz, sino que implica “el derecho del aludido a ofrecer otra versión distinta de la cual disiente”.

Considera TV3 que algunos aspectos de la información pueden perjudicar su prestigio. La sentencia no examina esos hechos, pero los confunde con el punto de vista legítimo del periodista que ha analizado los contenidos emitidos por un medio de titularidad pública durante una semana, como el crítico que expone su opinión sobre cualquier programación de televisión. Parece indudable que cualquier medio de comunicación, máximo si es público, debe estar sometido a la crítica.

Subrayemos, por último, la saña con la que TV3 y algunos medios afines al independentismo han aprovechado para atacar a EL PAÍS con motivo de esta sentencia. A nadie se le escapa que durante todo el largo periodo del procés, este diario ha denunciado con energía la ilegalidad de ese movimiento y el enorme daño que se ha causado a la sociedad catalana. Estamos orgullosos de que, en la medida modesta en la que un medio de comunicación pueda hacerlo, nuestras informaciones hayan contribuido a que la verdad prevalezca, y entendemos que eso haya generado un deseo de venganza en los impulsores del independentismo. En esta ocasión, para su fortuna, han encontrado en Barcelona un juzgado extraordinariamente diligente que en un mes ha tramitado, visto y sentenciado la demanda presentada por TV3.

Este periódico se reafirma punto por punto en la información objeto de la demanda, pero, por supuesto, cumplirá en su debido momento la sentencia.