Mejor un mal pacto que un buen pleito

Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. ¿Y? Pues que hay tres maneras de encarar un litigio sobre el patrimonio artístico.

Una, desdeñar al rival, partiendo de una mejor posición jurídica y de facto, hasta que desespere: es el método del Reino Unido ante el clamor griego por los frisos del Partenón saqueados por el colonial lord Elgin, hoy en el Museo Británico. Asegura la posesión, pero mantiene el duelo sobre la propiedad y no garantiza la reconciliación.

Otra es lo sucedido con los Papeles de Salamanca (públicos y privados), incautados por Franco a su entrada en Cataluña. Se devolvieron en democracia por pacto, tras años de minucioso estudio, y dotando de copias de calidad al depósito salmantino para asegurar la unidad del archivo. Algo similar ocurrió con los frescos románicos del valle de Boí, y pendiente aún (intercatalanes) con los Pallars.

La tercera es el litigio judicial. Es la peor, porque siempre deja heridas entre los litigantes, pues suelen tener, ambos, porciones de razón. Si en nuestro Estado existiesen mecanismos garantistas de la lealtad federal horizontal y vertical, se habría evitado lo ocurrido en este enrevesado caso, que empieza por la liosa jurisdicción eclesiástica y sus cambios.

Todos pueden quejarse: unos, los aragoneses, porque se tardó mucho en dar salida al caso; y en ejecutar la sentencia de 2015; y porque una vez obtenida en su virtud parte de la colección, la Generalitat de última hora radical sorteó la entrega del resto, como quiso el conseller Santi Vila.

Otros, los catalanes, pueden alegar que su Govern fue un tercero de buena fe, pues las monjas de la orden propietaria de Sijena les vendieron las obras, no las incautaron. Que nadie esquilmó nada, puesto que además de ese (al menos aparente) justo título, las piezas estaban depositadas en sus museos desde 1970 hasta que las compró en 1983, 1992 y 1994. Que las restauró y les dio brillo y esplendor.

La sentencia de 2015 solo era sorteable con otra de instancia superior, algo que la Administración catalana quiso plantear ante el Supremo y que el ministerio del ramo ha evitado.

Habría tenido lógica agotar los pasos judiciales hasta dotarla de firmeza incontrovertible, para (en caso de cambio posterior de criterio del tribunal superior) evitar actuaciones irreversibles. Así que el juez ha actuado —mandando al ministerio ejecutar precipitadamente la retirada de las obras tras la nueva situación de la Cataluña post-27 de octubre—, quizá con justicia, pero con menos prudencia, virtud superior en derecho. Podría haberse tomado tiempo y modo.

Además nos habríamos evitado griterío (de tanto súbito aficionado al arte del XVI), malos modos, y una nueva cantinela contra el constitucionalismo.