Un lujo
Muchos quisieran regresar a un escenario donde el termómetro político solo mida la efectividad de los gobiernos en garantizar el bienestar de los ciudadanos
En economía existe un concepto llamado coste de oportunidad para referirse al valor de aquello que dejamos de realizar cuando elegimos una determinada opción. Ahora piense en el capital político de un país —instituciones y representantes políticos, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil— e imagine todos estos recursos dedicados esencialmente a un único asunto. ¿Cuánto es el valor de las cuestiones que dejan de atenderse en ese periodo?
La pregunta es pertinente para el caso catalán, pero no en exclusiva. La política nacional en España ha pasado un tiempo ensimismada en un sinfín de procedimientos —de negociación, de organización interna de partidos y de competición electoral— que han bloqueado la actividad política o han ubicado los resultados de esa actividad en un segundo plano.
Primero, debido al largo proceso de negociación para formar Gobierno tras las generales de 2015. Más tarde, por la repetición de elecciones y la crisis interna del PSOE. Finalmente, no había transcurrido un año cuando el conflicto con Cataluña devolvía el debate a los pilares del sistema político: el Estado de derecho, la relación entre legalidad y legitimidad y las garantías procedimentales que regulan las convocatorias electorales en democracia.
La consecuencia de todo ello es que muchos temas relacionados con los resultados concretos de la gestión han pasado desapercibidos o desatendidos: la desigualdad, la corrupción, la pobreza infantil, las consecuencias del cambio climático o el estado del mercado laboral son algunos de ellos. Sin embargo, no parece fácil devolver el foco de la agenda pública a los resultados del sistema mientras no se resuelva el debate abierto sobre sus fundamentos, como los contrapesos al poder político y la confianza y legitimidad de las instituciones.
Muchos quisieran regresar a un escenario donde el termómetro político solo mida la efectividad de los Gobiernos en garantizar el bienestar de los ciudadanos. Quizás dicha atención solo se la puedan permitir sociedades con un menor cuestionamiento de su marco institucional y de convivencia. De momento, parece un lujo fuera de nuestro alcance. @sandraleon_
